En una vista pública, el secretario Víctor Ramos Otero dejó claro que la agencia carece de jurisdicción, personal técnico y experiencia para asumir esa encomienda y recomendó delegar la tarea a la UPR.

El Departamento de Salud de Puerto Rico reconoció que no cuenta con el peritaje ni los recursos necesarios para llevar a cabo un estudio sobre los efectos de la radiación electromagnética, tal como propone el Proyecto del Senado 173, en discusión ante la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo.

La medida, presentada por la senadora Álvarez Conde, busca crear un Registro de Antenas y Torres de Telecomunicaciones y ordenar un análisis científico sobre el impacto de estas emisiones en la salud pública.

Sin embargo, el secretario de Salud Víctor Ramos Otero, dejó claro en su ponencia que la agencia carece de jurisdicción, personal técnico y experiencia para asumir esa encomienda.

“No contamos con evidencia de estudios científicos realizados en Puerto Rico que evalúen los efectos de la radiación electromagnética sobre la salud”, admitió Ramos Otero en un memorial enviado a la Comisión.

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Asimismo, Salud advirtió que su estructura actual solo supervisa radiaciones ionizantes, como rayos X y tomografías, y que su División de Epidemiología e Investigación tampoco lleva monitoreo alguno sobre radiación no ionizante, como la que emiten las antenas. De paso, alertó que el proyecto no asigna fondos para la realización del estudio, un vacío que imposibilitaría su ejecución adecuada.

Ante ese panorama, Salud recomendó delegar la tarea a la Universidad de Puerto Rico (UPR), que sí cuenta, según argumentaron, con los recursos humanos y técnicos para desarrollar una investigación seria y a tono con los estándares de salud pública. La agencia se mostró dispuesta a colaborar como ente consultor, pero no a liderar el estudio directamente.

Mientras tanto, el Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora del Servicio Público, también citado a deponer, avaló parcialmente la intención del proyecto, pero con reservas.

Su presidente, Edison Avilés Deliz, sostuvo que ya existe un registro administrativo de torres, creado en 2006, y que la información solicitada; localización, altura y disponibilidad de espacio para antenas, forma parte de los requisitos de permisos.

Aunque el Negociado no se opuso a que se formalice el registro mediante ley, advirtió que sería redundante imponer nuevas cargas a las compañías de telecomunicaciones. En cambio, recomendó que la información sea remitida directamente por las agencias que emiten permisos, como la Junta de Planificación o la Oficina de Gerencia de Permisos, para no complicar el proceso.