Aún sin evidencia clara de mayor riesgo, todas las agencias deponentes apoyaron el proyecto bajo alegación de que protegería a las mujeres, ignorando que la medida podría afectar derechos adquiridos de personas trans y no binarias.

La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes celebró el martes una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 165, que propone crear la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples” y prohibir la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros en agencias, instrumentalidades y dependencias del Gobierno de Puerto Rico.

La medida, presentada con el objetivo de prevenir agresiones sexuales en espacios públicos, fue respaldada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y organizaciones como Mujeres por Puerto Rico.

Las posturas coincidieron en señalar que la separación por sexo biológico representa, a su juicio, un mecanismo de protección necesario para las mujeres ante posibles escenarios de riesgo.

En su ponencia, la OPM reconoció que la mayoría de las agresiones sexuales no ocurren en baños públicos, sino en espacios privados y por parte de personas conocidas por las víctimas.

Sin embargo, expresó que el proyecto atiende de forma preventiva posibles escenarios de mayor vulnerabilidad.

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Por su parte, el Departamento de Justicia recomendó ajustes al lenguaje legislativo y resaltó que la medida se enmarca en el deber del Estado de garantizar seguridad y bienestar, aunque incorporó referencias a una orden ejecutiva federal que excluye la identidad de género como categoría protegida, lo cual podría tener implicaciones legales adicionales.

Uno de los testimonios más notorios fue el de Arialis Meléndez, estudiante de Biología del Recinto de Río Piedras de la UPR, quien relató incidentes que, alega, ocurrieron dentro de baños inclusivos del campus.

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Meléndez denunció haber presenciado comportamientos lascivos y criticó la respuesta institucional, que consideró insuficiente.

La ponencia de la propia Universidad, firmada por su presidente interino, Miguel A. Muñoz, también endosó el proyecto al plantear que la separación por sexo en los baños ha sido históricamente una conquista de las mujeres y que la inclusión de otros modelos debe analizarse con cautela.

Varias de las ponencias coincidieron en identificar como problema el que cualquier persona pueda usar un baño múltiple sin tomar en cuenta su sexo biológico, aunque pocas ofrecieron alternativas arquitectónicas, operacionales o reglamentarias que respondieran a las realidades de personas trans, no binarias o con identidades de género diversas.

Mientras tanto, organizaciones y sectores que promueven la equidad en el acceso a servicios públicos han alertado sobre los efectos que podría tener una legislación de este tipo si no consideran las necesidades de toda la población.

Si bien la protección de las mujeres es una prioridad innegable, algunas voces han comenzado a plantear si esa meta puede alcanzarse sin excluir u omitir el reconocimiento de otras vivencias igualmente legítimas.