Directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Puerto Rico, Rebecca González, aseguró que no tiene como blanco esos espacios sensitivos.

Las agencias migratorias federales en la Isla no impactarán iglesias, escuelas y hospitales, diferente a lo que trascendió hace una semana tras la difusión de la nueva política federal del gobierno del presidente republicano Donald Trump.

Pero eso no significa que se abstendrán de hacerlo.

La revocación, por parte del nuevo gobierno, de las políticas que limitaban dónde podrían realizarse estos arrestos, permite ahora que agentes federales puedan entrar a esas llamadas «zonas sensitivas» para llevar a cabo deportaciones a gran escala.

La Directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Puerto Rico (Homeland Security), Rebecca González, está clara de eso, pero indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), no tiene como blanco esos espacios sensitivos para hacer valer la ley impulsada por la administración Trump. Sin embargo, tampoco tienen nada que se los impida.

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«Nosotros no vamos a entrar en las escuelas», aseguró González durante una entrevista en el programa Primer Round de Magic 97.3 FM.

«La semana pasada el presidente revocó una orden del secretario mayor determinando unas localidades como sensitivas. Ahí están las escuelas, las iglesias y los hospitales. Eso fue revocado. O sea, que si hay que entrar en las escuelas, ya tienen la autoridad para entrar a las escuelas. No obstante, no hay razón para nosotros entrar a las escuelas. Se va a desarrollar un protocolo con el gobierno del estado para esas situaciones», sostuvo.

El pasado martes la administración Trump revirtió una directriz que estuvo activa durante más de una década y que instruía a las dos agencias migratorias federales — ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a no llevar a cabo acciones policiales de inmigración en ubicaciones delicadas.

El tema de la inmigración fue el principal tema en la campaña de Trump quien ahora tiene a los gobernadores de todos los estados de la nación, incluyendo al territorio incorporado de Puerto Rico, bajo amenaza de que de no cumplir con su política, podría incluso retirarles las ayudas federales.

«Desde que el presidente ganó las elecciones veníamos organizándonos. Antes se trabajan los casos de inmigración, pero no eran prioridad del entonces mandatario. Con la administración pasada teníamos directrices de que las deportaciones iban a estar enfocadas a individuos que hubieran sido culpables de crímenes violentos», explicó González.

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El domingo cerca de 40 personas fueron arrestadas en varias zonas de la Isla, especialmente en Barrio Obrero en Santurce y en Carolina. González reveló que lograron de 35 a 40 arrestos, entre ellos a un individuo de nacionalidad dominicana, de nombre Fermín Díaz, que fue interceptado por el ICE cuando se proponía a comprar un aguacate en un establecimiento.

Díaz fue dejado en libertad posteriormente tras probar que su estatus migratorio era legal.

«El domingo estábamos en todo Puerto Rico. Habían unas órdenes finales, cuando digo una orden final, son personas que tienen una orden final de deportación. Que ya no le queda ningún trámite. Y como eso funciona, es ponerlo bajo arresto y deportarlo. De esas órdenes finales, habían tres en Barrio Obrero y por eso es que se transcurrió más en esa área. Pero habían personas en Carolina, en el Aeropuerto (Luis Muñoz Marín)», explicó.

González negó que su agencia se enfrasque ahora en una expedición de pesca o expedición para atrapar inmigrantes sin documentos sin tener una orden previa.

También aseguró que no se verá en Puerto Rico casos como los que se vivieron en el pasado en la frontera con los Estados Unidos en donde familias era separadas y los niños ubicados en unidades parecidas a jaulas.

«Nosotros tampoco vamos a sacar a unidades de familia, lo que se conoce como un ‘family unit’. Si esos dos papás están en una situación (migratoria) de que los dos fueron detenidos, y la mamá nos dice que sus dos hijos están en la escuela, eso se va a decidir si es mamá la que se suelta para buscar a los nenes o si es papá el que se suelta. Nosotros no vamos a cargar contra unidades de familia. Un papá va a quedarse. Pero tenemos que entender que la razón, y el impacto de inmigración en estos últimos cuatro años fue alto y los gobiernos de las diferentes ciudades no pueden, no tienen la capacidad económica para mantener a todas estas personas».

González mencionó que durante los arrestos del domingo se detuvieron inmigrantes de República Dominicana, México y Brasil.

También señaló que existe una gran preocupación del gobierno federal con la proliferación en los Estados Unidos de la ganga venezolana conocida como el Tren de Aragua, al que se le imputan múltiples asesinatos.

«Yo creo que hay extranjeros ilegales que representan un problema de seguridad nacional aquí en Puerto Rico. Nosotros en todas las investigaciones que nosotros tenemos, tenemos personas que son inmigrantes y que no tienen estatus migratorio. Dentro de la definición de inmigrantes, que eso es todos nosotros somos inmigrantes, pero la de las personas sin estatus migratorios, hay una preocupación severa por la ganga Tren de Aragua que es la de los venezolanos en los Estados Unidos. Han cometido muchos asesinatos de diferentes tipos contra ancianos y niños. El ejecutivo está hablando de esa organización constantemente. Entiendo que para adelantar la causa vamos a enfocarnos en esas organizaciones transnacionales que son ilegales en los Estados Unidos cometiendo delitos», abundó.

Por último, González comentó que la reunión del lunes con la gobernadora Jenniffer González Colón, fue una informativa, ya que no acatar la orden ejecutiva implicaría sanciones que van desde perder las ayudas federales.

«Lo que se discutió con la gobernadora fue una conversación para que ella supiera lo que vamos a estar haciendo. No hay que coordinar (con ella o las agencias locales), pero nosotros vamos a coordinar, porque nosotros tenemos una buena relación con el estado. El estado (si esa es la posición de ellos -no colaborar) ellos saben que el presidente ha sido bien explícito cuando un estado no va a colaborar con la orden. Ha dicho que le quita los fondos federales. Y entiendo que él ha sido bastante explícito con ello. Citó a la gobernadora de Boston (Maura Healey) para una reunión, y sé también que a Colombia —que no le quiso aceptar un vuelo con unos ilegales— le subió la tarifa (aranceles) a un 25% y la semana que viene se la iba a subir a 50%. Pero ayer llegaron a un acuerdo. Entiendo yo que (Trump) ha sido bastante explícito con ello. No pienso que eso va a pasar en Puerto Rico, porque la gobernadora sabe que ella tiene que acatarse a la orden ejecutiva y en ningún momento ella ha estado cuestionando la orden ejecutiva. No hubo necesidad de advertirle nada a la gobernadora. La gobernadora tenía completo conocimiento de lo que establece la orden ejecutiva. La reunión era para dejarle saber a ella las diferentes directrices que tenemos nosotros como agentes de ley y orden», concluyó González quien cerró indicando que «el próximo operativo no sé cuando es».