La Junta de Supervisión Fiscal se queja de la falta de información por parte de las agencias para conciliar las reclamaciones de miles de contratistas.

El proceso de conciliación de reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico por parte de miles de contratistas entró en una fase de resolución acelerada debido a la urgencia por procesarlas de cara a la ejecución del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) el 15 de marzo y la lentitud que ha tenido el trámite hasta ahora.

En una carta a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó que todavía están pendientes de conciliación 9,300 reclamaciones. Cada uno de esos casos serían una o varias facturas que un proveedor de servicios, mayormente residentes en la isla, entiende que el gobierno le debe. El proceso de conciliación implica una revisión de documentos en cada caso para adjudicar que la reclamación procede y que no es fraudulenta.

Las reclamaciones las recibió la JSF como parte del caso de quiebras y, por conducto de la AAFAF, el ente fiscal le pide información a las agencias para poder hacer la conciliación y autorizar pagos, pero han ocurrido «dilaciones significativas en obtener respuestas detalladas y completas de parte de las agencias». «[A]ún cuando se provee información, la misma usualmente está incompleta y requiere seguimiento significativo», añadieron.

Por esto, la Junta notificó en la carta del 2 de marzo que va a dar por buenas todas las reclamaciones por debajo de los $10,000 y que aquellas entre $10,000 y $100,000 las someterá a una «evaluación de nivel amplio para asegurarse de que no son fraudulentas o abiertamente sin fundamentos». Si encuentran que no lo son, les dará paso también para «limitar los costos y el gasto de tiempo profesional invertido en reclamaciones de relativamente poco valor, y para asegurar la administración pronta y eficiente del proceso de reclamaciones».

Además, la Junta dejará de lado a AAFAF e interactuará con los acreedores directamente para, «cuando sea apropiado», permitir las reclamaciones sin importar si ha recibido toda la información de las agencias. Esto ocurrirá si el gobierno no entrega la información solicitada en 30 días.

Esto cubre reclamaciones sometidas al gobierno central, la Administración de los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Edificios Públicos y la Autoridad de Carreteras y Transportación.

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