Insisten en hablar con el Secretario de Corrección

Un grupo de confinados de la institución Guayama Máxima 296 inició el martes un paro de brazos caídos y una huelga de hambre para exigir hablar con el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey.

‘Estaremos pacíficamente en paro de brazos caídos y huelga de hambre hasta que el secretario de Corrección venga a reunirse con nosotros o, en su defecto, que venga alguien de La Fortaleza para que llegue un mensaje directo a la gobernadora de Puerto Rico lo que está ocurriendo en los penales, ya que somos un reflejo de cómo se atenta contra el clima institucional’, indicaron en una comunicación escrita.

‘El motivo del paro es el abuso de poder, violaciones de derechos, atropellos y suspensiones de privilegios sin motivo, ordenados por el superintendente Edward García y la Comandante Rivera’, alegaron.

Asimismo, alegaron que el superintendente García fue trasladado de la institución de máxima seguridad llamada ‘Mostro Verde’, ubicada en el Complejo Correccional de Ponce a esta institución de Guayama 296, luego de la muerte del oficial de custodia.

‘Denunciamos que desde que llegaron, están tomando decisiones que van en contra de los derechos de los confinados, como si nuestra institución fuera responsable por lo ocurrido en Ponce, cuando esta cárcel ha sido modelo en disciplina, según la política pública de esta administración’, dijeron.

‘Tenemos a un superintendente y un teniente que no dialogan y todas sus acciones van en contra de la rehabilitación de los confinados’, añadieron.

Entretanto, se quejaron por la eliminación del Comite de Familiares de sus expedientes de visita sin motivo alguno; alimentos mal confeccionados supuestamente; la falta de artículos disponibles para la venta en las tiendas de comisaría dentro del penal, alegado mal servicios en el Área de Sociopenal; alegados pesimos servicios medicos y falta de medicamentos; la cancelación de privilegios de ‘comelata’; cero unión familiar mediante las visitas de contacto y la suspensión de actividades religiosas y deportivas.

‘Hemos sostenido un diálogo efectivo para mantener un ambiente de paz y buena calidad de vida, para que ahora este personal nuevo venga a abusar de su poder sin nosotros haber violado normas administrativas’, finalizaron.