en asamblea de la UPR-RP

La investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia a las cuentas de redes sociales de los medios periodísticos estudiantiles contó con el rechazo de la asamblea de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, quienes presentaron varias mociones a los fines de repudiar las acciones de la agencia, entonces liderada por la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

‘Es claro que la administración de la UPR persigue y le facilita el trabajo al Estado para seguir criminalizando a los estudiantes. […] La UPR no tan solo encubre acoso sexual, también persigue a los estudiantes que protestan por una educación de calidad y accesible. Que no pasemos por alto que durante el proceso huelgario hubo retención de matrícula a estudiantes y esos nombres no los han revelado’, expresó Jaime Rodríguez, estudiante y miembro de Centro de Comunicación Estudiantil (CCE).

La semana pasada, salió a relucir que la agencia obtuvo una orden de registro en mayo de 2017 para acceder a las páginas de fotos, comentarios y conversaciones de las cuentas de Facebook de Diálogo, Pulso Estudiantil y el CCE.

La orden, que resultó en un expediente de unos 1,500 documentos, se solicitó a raíz del caso judicial aún en curso a siete estudiantes que interrumpieron una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR el 27 abril de 2017, a modo de protesta por los recortes presupuestarios a la institución educativa.

Aunque se trató de más de una veintena de manifestantes, solo siete estudiantes, que también eran en ese momento líderes estudiantiles, son encausados por cargos como restricción a la libertad agravado y violencia e intimidación contra la autoridad pública. El caso continúa dilucidándose en el Tribunal de San Juan.

De acuerdo a Rodríguez, el CCE cesó sus operaciones después del conflicto huelgario del 2017 y se ha abstenido de emitir expresiones ‘por cuestiones de seguridad, porque sabemos que tienen información de nosotres, incluyendo números de teléfono’. No obstante, y al reconocer que se trataba de un medio hecho por y para los estudiantes y para compartir información confiable sobre los asuntos que atañen a la universidad, anunció que el CCE retomará sus labores próximamente.

Con el reinicio de funciones del CCE, solo el periódico Diálogo sería el único medio estudiantil cerrado, ya que su orden de clausura provino de la administración universitaria en abril de 2019, producto de un recorte presupuestario que imposibilitó la renovación de contratos al Director y a otros cinco periodistas. El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, el licenciado Walter Alomar Jiménez, insistió en que el proyecto continuaría desde la UPR en Arecibo al comienzo del semestre académico en curso, no obstante, esa promesa no se ha concretado.

Rodríguez, también estudiante de Historia de la Facultad de Humanidades, advirtió que todas las personas que comentaron o de alguna forma interactuaron con la página del CCE (al igual que Pulso Estudiantil y Diálogo), aparecen en el expediente construido por el Departamento de Justicia.

En los micrófonos del público, un estudiante de la Facultad de Educación presentó una moción para repudiar los actos de ‘carpeteo y fabricación de cargos’ contra los medios de prensa estudiantil, mientras que otra alumna solicitó el rechazo al juicio político contra los siete estudiantes que irrumpieron la reunión.

En otros asuntos, la asamblea también abordó los temas de seguridad, acoso sexual y la transportación. Uno de los datos revelados por el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Humanidades apuntó a que, al presente, existen 20 casos de hostigamiento sexual activos en el Recinto, 43 que han sido cerrados y cinco aún en algún tipo de procedimiento formal administrativo.

Por otra parte, los alumnos presentaron su preocupación ante el caso de la estudiante de 22 años que fue agredida sexualmente en horas de la madrugada en el puente peatonal Henry Klumb, que conecta la calle Brumbaugh con el Recinto de Río Piedras.

Como parte de las soluciones presentadas por los estudiantes se encontró solicitarle a la administración universitaria una revaluación de su plan de seguridad, la instalación y arreglo de alumbrado, al igual que la donación de guaguas en desuso para que sean los estudiantes quienes las operen.

La asamblea también abordó los recortes a exenciones de matrículas y el impago administrativo a los estudiantes que son asistentes de cátedra, la necesidad de mayor equidad de género y la reapertura de residencias estudiantiles.

En cuanto a manifestaciones, abordaron la posibilidad de realizar un piquete frente a Administración Central en la próxima reunión de la Junta de Gobierno de la UPR y otro frente a La Fortaleza el próximo 8 de noviembre a las 5 p.m. en conjunto con la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música y la Escuela Superior de la UPR.

Todas las mociones serán revisadas por el Consejo General de Estudiantes (CGE) en su próxima reunión pautada para el jueves, 24 de octubre, a las 5:30 p.m., ya que la asamblea fue una informativa con unos 916 estudiantes de los 1,440 requeridos para establecer quórum.