Laboró como administradora interina por dos meses

La nominada secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, quien anteriormente fungía como administradora interina de la Administración de Servicios Generales (ASG), había ordenado revocar una subasta en la que no salió favorecida la compañía de seguridad privada St. James Security Services Inc.

Según detalló el Centro de Periodismo Investigativo, la controversia involucra una subasta revocada para servicios de vigilancia para las agencias del Gobierno de Puerto Rico en la que participó y perdió la empresa St. James por no presentar una licencia de ‘agencia de seguridad’ que otorga la Policía de Puerto Rico.

La empresa solicitó una reconsideración en el Tribunal Supremo tras ser rechazados los argumentos en Primera Instancia y en el Apelativo. No obstante, mientras el caso esperaba su día en la corte, la entonces administradora interina de ASG, Olga M. de Cardona Martínez, revocó la subasta. Ese acto de revocar ocurrió después de que Margie Toro López, presidenta de la Junta de Subastas de la agencia por 35 años, le dijera a la nueva administradora que estaba consternada por una comunicación que la había cursado Longo Quiñones, quien en, en capacidad de administradora interina, había solicitado la revocación usando de argumento que la deficiencia en la licencia de St. James era de menor importancia y que otras empresas inelegibles ya daban servicios de seguridad al Gobierno y hasta se prestaban las licencias entre sí.

La empresa St. James Security es subsidiaria de la compañía GM Security Technologies, que fue fundada por Guillermo Martínez, un prominente contribuyente del Partido Nuevo Progresista. De hecho, según se esboza en el reportaje, Martínez ejercía influencia sobre el exgobernador Luis Fortuño, para quien Longo Quiñones trabajó como asesora en la Oficina del Secretario de la Gobernación.

Días después de esto, Longo Quiñones pasó a su puesto como fiscal federal auxiliar, donde laboró desde el 2012 en las divisiones de Fraude Financiero y Corrupción, y de Narcotráfico Internacional. Fue entonces cuando de Cardona Martínez asumió la administración de ASG y se revocó la subasta.

Longo Quiñones también trabajó en el Departamento de Justicia estatal, donde fungió como asesora legal y atendió múltiples demandas por violaciones de derechos civiles entre 1998 y 2000. Allí tuvo la oportunidad administrativa supervisando abogados y manejando presupuesto.

Además trabajó como asistente de la Oficina del Fiscal General en Baltimore, en Maryland, y fue ayudante legal del juez Clifton J. Gordy, Jr. en el Tribunal de Apelaciones de Baltimore. En Puerto Rico, laboró en los bufetes Pietrantoni, Méndez & Álvarez; Levin, Morgan & Longo, LLC; Adsuar Muñiz Goyco & Besosa, PSC; y fue asociada del bufete McConnell Valdés LLC.