En medio de la crisis que vive Puerto Rico, el atrincherado gobernador, Ricardo Rosselló Navares convirtió en ley una medida que centraliza las compras del Gobierno de Puerto Rico a una sola Junta de Subastas.

La movida de Rosselló Nevares ocurre como método anticorrupción cuando el Mandatario intenta tomar un respiro ante los múltiples señalamientos hechos a su administración y ante las miles de solicitudes de renuncia que ha recibido.

‘Con esta medida se desalienta la corrupción al constituirse una sola Junta de Subastas, compuesta por profesionales que no forman parte del Gobierno. Esto dará total independencia a ese cuerpo al eliminar las juntas de subastas en todas las agencias instrumentales públicas, las cuales son presididas en muchos casos por empleados de confianza que responden a los jefes de las entidades públicas’, señaló el Primer Ejecutivo.

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La medida, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, dispone que ningún miembro de la Junta de Subastas podrá adjudicar asuntos en los cuales tenga algún interés personal directo o indirecto; o que esté relacionado con cualquiera de las partes solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

‘Esta nueva política pública producirá ahorros de casi $77 millones para el 2020, mientras que la centralización del proceso permitirá la eliminación de cerca de 25,000 contratos duplicados’, añadió.

La medida también adopta el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales, un registro electrónico en el que se harán constar los nombres, direcciones y toda información sobre las personas naturales o jurídicas cualificadas y clasificadas como proveedores de servicios profesionales.

De igual forma, el Gobernador firmó el Proyecto del Senado 1327, de la autoría de los senadores Migdalia Padilla y Larry Seilhamer.

Dicha medida extiende el plazo que tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesto para evaluar solicitudes de prerretiro hasta el 1 de agosto de 2019, conforme a la Ley 211-2015.

La Administración Rosselló Nevares ha estado en el ojo público desde hace dos semanas, cuando comenzaron a filtrarse varias páginas de un chat. Sin embargo no fue hasta el pasado sábado cuando se publicaron las 889 páginas de conversaciones que exponen al Gobernador realizando comentarios homofóbicos y misóginos. Del mismo modo, las conversaciones abordan asuntos de política pública con el cabildero y exrepresentante del gobernador en la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez Sifonte.