Tienen 10 días para rendir un informe a la Cámara

Durante la mañana del miércoles, un tímido Presidente cameral aseguró que buscaría a tres juristas que en 10 días le rindieran un informe sobre si existen elementos delictivos en el chat Telegram que involucra al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, junto a 11 allegados, para decidir si radica una resolución que inicie un proceso de residenciamiento. En la tarde, mientras la ciudad amurallada se abarrotaba de la ciudadanía indignada exigiendo la renuncia del Ejecutivo, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció al trío encargado de esta encomienda.

Se trata del entonces especialista en inteligencia para Fiscalía federal, Francisco Reyes Caparrós, el licenciado y catedrático de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, Luis Enrique Rodríguez Rivera; y el licenciado y presidente de la Fundación de Acceso a la Justicia, Enrique Colón Santana.

Francisco Reyes Caparrós

Para mayo de 2018 su nombre cobró prominencia al ganar una demanda de discrimen y acoso laboral contra la jefa interina de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. El hostil ambiente laboral de la Fiscalía federal obligó la renuncia del licenciado en 2015.

Durante el juicio contra su entonces jefa, presentó una cronología de cómo a través de los años fue ‘sistemáticamente alejado’ de sus compañeros y labores de manera intencional por Rodríguez Vélez y sus subordinados. Incluso, al demandante lo comenzaron a investigar luego de expresar su interés de viajar a Rusia con gastos pagos, por recomendación de un amigo de la infancia casado con la cónsul de ese país. Ante la investigación, Reyes Caparrós fue removido de sus funciones por más de un año y se le catalogó como ‘espía ruso’ aunque tanto la Oficina del Inspector General y el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) concluyeron que no hubo conducta criminal pues el demandante siguió el protocolo necesario para requerir un permiso de viajes.

Actualmente labora para el bufete Marcano & Associates con sede en Guaynabo y la ciudad de Orlando, Florida; y como profesor adjunto en la Universidad del Sagrado Corazón. También es socio de la firma Reyes Espada & Associates. Obtuvo su juris doctor de la Pontificia Universidad Católica y el grado de maestría en la Escuela de Derecho Thomas Jefferson especializado en sistemas tributarios internacionales y servicios financieros.

Luis Enrique Rodríguez Rivera

El catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) donde imparte cursos de Legislación sobre Recursos Naturales, Derecho del Mar, Seminario Desarrollo Económico vs. Protección Ambiental y Seminario sobre Derecho del Mar: Conflictos del Caribe.

Obtuvo su juris doctor en la Universidad de Harvard y una maestría en derecho con concentración en derecho internacional público de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Además de trabajar en bufetes de Nueva York y Puerto Rico, también se desempeñó como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y director de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) bajo la administración de la gobernadora Sila María Calderón. También dirigió el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación para Puerto Rico, y sirvió como abogado en la Región 1 de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles).

Además, es socio fundador del Instituto Soberanista Puertorriqueño. Su cónyuge es la exsecretaria de la Gobernación bajo la Administración García Padilla, Ingrid Vila Biaggi.

José Enrique Colón Santana

El veterano abogado preside la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) y es muy conocido por sentar el precedente del divorcio por consentimiento mutuo y lograr la liberación de una estudiante puertorriqueña, Rosa de la Cruz, secuestrada por la guerrilla colombiana (FARC). En junio del 1999 publicó un libro sobre este caso.

La FFAJ fue establecida mediante la Ley 165 del 26 de diciembre de 2013, que requiere a los abogados tener Cuentas de Intereses en Fideicomiso para Abogados y Abogadas (CIFAA) para mantener la fundación que asiste a personas necesitadas de representación legal en casos civiles cuando no pueden costearla.

Posee un bachillerato en Sociología de la Universidad de Puerto Rico y un juris doctor de la misma institución.

Estos tres juristas, ‘Van a estar libre de apasionamientos políticos para evaluar este asunto del chat y podrán emitir una recomendación a este presidente sobre si existen o no existen los elementos de la comisión de delito para entonces poder, este presidente, hacer la recomendación o radicar la resolución que comenzaría todo el proceso que fuera dirigido al residenciamiento del gobernador’, afirmó ayer Méndez Núñez, quien agregó que dos de los abogados llegarán hoy a Puerto Rico y sostendrán una primera reunión.