Lo pasó a Contraloría; Junta y Fortaleza sabían.

Desde el pasado año, denuncias de supuestas irregularidades en la otorgación de contratos en el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico bajo la incumbencia de Julia Keleher fueron llevadas a la atención de La Fortaleza, el Departamento de Justicia (DJ), la Junta de Control Fiscal (JCF) y a las autoridades federales, según documentos.

Incluso, tan reciente como febrero de 2019, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, dijo que necesitaba una auditoría para ver si había delito, por lo que lo refirió a la Oficina del Contralor, una movida que prácticamente asegura la muerte de la investigación criminal ya que la Contraloría tiene ciclos de auditoría y procesos de muestreo que no necesariamente garantizan que un asunto será procesado con la urgencia que pueden tener los procesos criminales.

La renuncia de Keleher ha provocado varios señalamientos en la otorgación de contratos a suplidores, el manejo de fondos federales para beneficiar a allegados y el despido de funcionarios de alto nivel en la agencia por cuestionar las órdenes de la exfuncionaria. Se supo que existe una investigación federal y la Cámara de Representantes aprobó el pasado jueves otra pesquisa.

El gobernador Ricardo Rosselló ha asegurado que no le había llegado información de acciones ilegales de la exsecretaria, mientras que el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, se mostró sorprendido por la investigación federal por lo que encomendó se investigaran los señalamientos públicos contra la exsecretaria, pero desistió de seguir auscultando una vez se conoció la renuncia de Keleher amparándose en que se tornó ‘academica’.

Sin embargo, el 30 de agosto de 2018 a La Fortaleza se llevó -a la mano- y se ponchó como recibida a 1:40 pm una carta para el Primer Mandatario en la que se detallaban irregularidades para favorecer a un suplidor en el proceso para otorgar millonarios contratos para la compra de computadoras y equipo de tecnología en el Departamento de Educación.

El documento, dirigido a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, mediante correo electrónico tambien fue entregado el mismo día en La Fortaleza, el DE, Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EE.UU.

Para ver la carta de WF, pulse aquí:

Los señalamientos de irregularidades fueron referidos por la empresa WF Computer Services, que impugnó administrativamente dos subastas realizadas por el DE para la adquisición de equipo tecnológico porque la descripción de las especificaciones del equipo a comprar retrataban una marca en específico para favorecer al suplidor Computerlink.

En medio del proceso de revisión, Educación canceló las dos subastas y posteriormente abrió el proceso para comprar el equipo tecnológico pero mediante el requerimiento de propuestas (RFP). Rosselló Nevares y Keleher anunciaron en marzo la compra de equipos electrónicos, adiestramientos para el uso de tecnología y la instalación de servicio de Internet (con banda ancha) para las escuelas públicas con las compañías Evertec y Computerlink a un costo de $300 millones.

Estos señalamientos están contenidos en una demanda de WF en el Tribunal Federal y están ante la atención del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el DJ en querellas radicadas en octubre de 2018.

En el caso de Justicia, la querella fue despachada con un referido a la Oficina del Contralor sin que fiscal alguno haya citado al querellante. Vázquez Garced informó al querellante de la determinación del DJ el 25 de febrero de 2019 tras la evaluación de los documentos, realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.

Para ver la carta de la Secretaria de Justicia, pulse aquí:

‘No obstante, luego de haber sido analizados los mismos a la luz del ordenamiento jurídico vigente y aplicable, de los mismos no surge conducta de naturaleza criminal que podamos investigar sin la ayuda de una auditoría que evalúe sus señalamientos. En consecuencia, el expediente será referido a la Oficina del Contralor para su evaluación y auditoría correspondiente’, respondió Vázquez Garced en la misiva.

La teoría legal de la Secretaria del DJ es que la Contraloría es la encargada de examinar todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado. Sin embargo, la querella radicada no tenía base en un contrato sino en las irregularidades del procedimiento para adjudicar dicho contrato.

Este no es el único caso que contradice la versión de que los funcionarios de La Fortaleza estaban ajenos o desconocían de las posibles irregularidades de Keleher previo a su renuncia el pasado 1 de abril.

Esta semana trascendió que un correo electrónico fue enviado a La Fortaleza el 17 de marzo que daba cuenta de un esquema irregular en el manejo de fondos federales, publicó Noticentro (WAPA TV).

Los señalamientos enviados en ese correo tres semanas antes de la renuncia de Keleher fueron reseñados en primicia por NotiCel, en el que documentos de la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación (DE) demuestran que se alteró el formulario para otorgar al menos dos contratos de consultoría con fondos federales provenientes de la Ley Carl D. Perkins sin la autorización del programa encargado de manejar este dinero.

De acuerdo con las disposiciones federales, los fondos destinados al Programa de Educación Ocupacional y Tecnica tienen que ser autorizados por el secretario auxiliar de este programa.

Aunque ahora funcionarios de la administración Rosselló parecen sorprendidos por la cantidad de cuestionamientos sobre la gestión de Keleher en el DE, desde el pasado año ha circulado entre empleados de la agencia un documento que cuestionaba las movidas de la entonces secretaria con exsocios, allegados y la gran cantidad de contratos de consultoría para realizar trabajos que de costumbre realizaban empleados regulares.

El documento fue redactado por personal de la alta cúpula de la agencia vinculado al Partido Nuevo Progresista (PNP) por lo que no es de extrañar que haya llegado a oídos de altos oficiales del Gobierno fuera del DE, aseguró una fuente de este diario. La intención era crear presión para lograr la salida de Keleher.

NotiCel obtuvo copia de varias versiones del documento en las que se iban actualizando la suma de los contratos e información detallada de los ‘diferentes jugadores’; entre ellas copia de la última versión que no se llegó a circular porque coincidió con la renuncia de la funcionaria.