Según reveló un informe de Contraloría

El municipio de Ponce tiene atrasos de 32.6 millones de dólares en el pago de obligaciones y retenciones, entre otros, según un informe de auditoría realizado por la Oficina de la Contralora.

Además de la alcaldesa María ‘Mayita’ Melendez, el informe identifica a los directores de Finanzas y Presupuesto del municipio para el periodo auditado como Ramona Pacheco Machado, Jose Rivera Aponte. Jessica Torruellas Rivera y Yolanda Cruz Medina, y que son parte del grupo que provocó la debacle ponceña.

Tambien identifica los administradores de la ciudad como Eliezer Velázquez Quiles y Felix D. Camacho Nogues. Magdiel Lugo Figueroa era la Directora de Auditoría Interna. Velázquez Quiles fue precandidato al Senado del Partido Nuevo Progresista y llega a Ponce tras ser superintendente en el Capitolio cuando allí se desarrolló un esquema de fraude que todavía está discutiendose en una sala judicial de lo criminal.

Según un parte de prensa, los atrasos son a la Administración de los Sistemas de Retiro, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Electrica, y al Internal Revenue Services, al 31 de diciembre de 2016. Esta cifra incluye 1.1 millones de dólares en intereses, recargos y penalidades por los atrasos. Una situación similar ya se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-49 del 2016.

La auditoría de tres hallazgos señala que la alcaldesa autorizó 284 transferencias de credito por 18.4 millones de dólares que tuvieron el efecto de rebajar el presupuesto en 14 partidas de obligaciones estatutarias. Las transferencias que causaron el aumento en los gastos operacionales, se realizaron sin la certificación de sobrantes por parte de los directores de Finanzas.

De hecho, esta situación ocasionó sobregiros en las partidas del presupuesto que junto a otros factores ha causado deficits acumulados de hasta casi el 50 por ciento del presupuesto de Ponce del 2015 al 2017.

Durante dicho periodo los deficits sumaron 38.9, 37.8 y 44.8 millones de dólares de un presupuesto de 94.6, 92.8 y 88.9 millones de dólares. Situaciones similares se habían comentado tambien en los Informes M-13-07 del 2013 y M-16-02 del 2015.

‘Nuestros auditores identificaron cheques por 31,593 dólares sin cobrar por más de seis meses desde su emisión y no se proveyó para examen, 249 conciliaciones bancarias de 14 cuentas para el periodo de julio de 2014 a diciembre de 2016. Estas situaciones pueden propiciar irregularidades con los fondos y nos impidió verificar el detalle de los cargos efectuados por los bancos’, señaló Valdivieso.

El Informe comenta que se realizaron tres prestamos al Banco Gubernamental de Fomento, del 2013 al 2014 por 21.3 millones de dólares, uno de ellos para cubrir deficiencias en efectivo y el pago de deudas contraídas con entidades gubernamentales por 10 millones de dólares.

La Contraloría considera que no es una buena práctica administrativa el solicitar prestamos para el pago de deudas y obligaciones. Para dicho periodo, el Municipio tampoco tomó medidas efectivas para aumentar la capacidad de ingresos, ni para cubrir las deficiencias en los fondos operacionales.

Al 30 de junio de 2017, el Municipio no había recobrado 310,209 dólares que se recomendó en el Informe de Auditoría M-16-49 del 2016.

La asesoría legal en el periodo auditado estuvo a cargo de las licenciadas Carmen E. Torres Rodríguez y Marieli Paradizo Perez, quienes estuvieron en la dirección de la División Legal del municipio.

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