PROMESA podrá utilizarse para frenar reclamos.

El Tribunal Supremo Federal denegó una petición para volver a celebrar una vista en un caso que denuncia violaciones de derechos civiles en Puerto Rico y que fue paralizado por el Primer Circuito Apelativo al amparo de la Ley PROMESA, lo que implicará un aval judicial a la aplicación de la paralización automática de litigios (automatic stay) en futuros casos de derechos civiles presentados contra el gobierno.

Para el abogado que presentó el recurso de Certiorari ante el Supremo Federal, Carlos del Valle Cruz, la decisión en el caso de su cliente, Rafael Pabón -un exempleado de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT)- implica una suspensión prospectiva a la carta de derechos en Puerto Rico, hasta tanto culmine la vigencia de la Ley PROMESA.

‘Rafael Pabón ha agotado todos los remedios que provee el sistema judicial norteamericano para buscar que se reinstalen los derechos civiles en Puerto Rico. El Supremo ha justificado la nulificación y la suspensión de los derechos civiles, al igual que el Primer Circuito, sin explicación, ni análisis ninguno’, expresó Del Valle Cruz a NotiCel.

Para el ciudadano, el efecto inmediato de esta decisión se manifestará en la medida que demanden al Estado para reclamar algún daño efectuado en su contra por empleados, oficiales o agencias del gobierno. Tal caso podría quedar paralizado bajo el pretexto de que así se hizo en el caso de Pabón.

‘Se manifiestan de una manera bien contundente en el sentido de que los casos que se presentan por violación a la primera enmienda, la libertad de expresión, de prensa, de credo, de asociación, el debido proceso de ley en los casos contra la fuerza excesiva por parte de la Policía, la igual protección de las leyes en contra del discrimen. Todas esas causales están siendo suspendidas por medio de la aplicación del ‘automatic stay’ de PROMESA. En la vida del ciudadano el efecto es que vive en un estado sin derechos que los proteja’, sostuvo el abogado.

Aun así, la denegatoria del Tribunal Supremo al caso de Pabón pasó virtualmente desapercibida en comparación con la decisión del Primer Circuito en el caso que reclamaba que los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) eran inconstitucionales. En ese caso, el Apelativo determinó que las acciones ejecutadas por la JCF desde su creación continuarán válidas, pero el Congreso deberá corregir ese error legislativo, llevando los actuales miembros de la Junta a un proceso de confirmación en el Senado federal.

El trámite judicial del caso de Rafael Pabón Ortega comenzó en el Tribunal federal de Distrito en San Juan, denunciando una violación a su derecho de libertad de expresión al amparo de la sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles del 1871. En síntesis, Pabón Ortega denunció que fue despedido de su empleo en la OAT por expresiones hechas en una cuenta de Facebook suya en la que publica relatos ficticios, pero inspirados en la realidad social de la Isla.

La corte de Distrito elevó el caso al Primer Circuito Apelativo, argumentando falta de jurisdicción para atenderlo. El Primer Circuito, por su parte, determinó aplicar el mecanismo de paralización de litigios a este caso, deteniendo la resolución del caso sin abundar razones.

‘En vista de la petición para reestructurar sus deudas, radicada por el Gobierno de Puerto Rico, esta apelación se paraliza’, lee la explicación del Primer Circuito al paralizar este y otros casos.

Agotados los remedios judiciales para revertir este patrón de decisiones sin explicación alguna, el próximo remedio, según Del Valle Cruz, supone ser la denuncia ante los foros internacionales, principalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque el abogado reconoció la poca inherencia que ha tenido esa organización para intervenir en asuntos de Puerto Rico, sostuvo que este caso es distinto, pues derrota la idea de que Estados Unidos confirió sobre Puerto Rico un gobierno propio.

‘En el pasado, el Gobierno de Estados Unidos ha argumentado que como Puerto Rico tiene autogobierno y está bajo un sistema constitucional, no justificaba que se le considerara una colonia para fines internacionales. La decisión en el caos de Pabón, sin embargo, agudiza el estado colonial de Puerto Rico al suspender la aplicación de todos los derechos civiles en la colonia, y este cambio de situación justifica un nuevo esfuerzo ante las Naciones Unidas argumentando que el regimen constitucional bajo el cual se encontraba Puerto Rico ya no está en existencia. Y esta situación justifica una intervención de las Naciones Unidas, diferentes de aquellos reclamos que se han hecho el pasado’, manifestó finalmente Del Valle Cruz.