Sugiere especialista de la quiebra de P. R.

El abogado especializado en quiebras, Rolando Emmanuelli, acogió con escepticismo la solicitud de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que el Tribunal invalide $6,000 millones de la deuda en el caso del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) debido al historial del organismo instaurado por la Ley federal PROMESA.

Contrario a lo expresado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la determinación de la JCF valida la necesidad de una auditoría forense de la deuda, que si hubiera voluntad real, se tendría que hacer con todos los emprestitos antes de entrar en negociaciones con los bonistas.

‘Vamos a probar la voluntad de la Junta, si de veras quiere tratar el asunto de la deuda con rigurosidad. Yo no tengo ninguna confianza de que se vayan a eliminar esos $6,000 millones porque la conducta de la Junta no da base para pensar eso. Ellos van a negociar y van a transigir. Eso lo podría ver como una medida de presión para negociar, pero si están tan seguros que es ilegal, que no cedan’, sostuvo el abogado.

La Junta nombró al Comite de Acreedores No Asegurados, el cual impugnó la constitucionalidad de la Corporación, para representar los intereses del Gobierno de Puerto Rico en la pugna con los bonistas de COFINA. Además, dejó la puerta abierta sobre ese asunto y hasta llegó a solicitar al Tribunal que permitiera liberar parte de los fondos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para que fueran utilizados por el Gobierno. Meses más tarde, la JCF se allanó a un acuerdo que reparte los recaudos del IVU y refuerza la seguridad de repago a los acreedores.

‘Si miramos el historial de la Junta, con COFINA se empezó con un ímpetu tremendo de que COFINA era ilegal, nombraron al Comite de Acreedores No Asegurados como representante del Commonwealth (gobierno) para llevar todos esos reclamos. Se gastaron millones de dólares en ese pleito y lo transigieron de la manera más horrible, que fue asegurando esos creditos que antes estaban en la cuerda floja’, notó Emmanuelli.

El especialista tambien anticipó que a la luz de la experiencia con COFINA, no le extrañaría que en unos meses la Junta se allane a un acuerdo o transacción para evitar riesgos. Recordó que ese esfuerzo para dilucidar a quien le pertenecían los ingresos provenientes del IVU -al Gobierno a los bonistas de COFINA-, costó millones de dólares y terminó en el plan de ajuste de deuda que se verá este miercoles ante la sala de la jueza Laura Taylor Swain.

‘Lo veo con mucho escepticismo. No podemos ser tan cínicos de decir que eso no va a conducir a nada, pero tampoco tan ingenuos de que van a eliminar $6,000 millones, porque eso mismo pasaba con COFINA donde pudieron haber limpiado $17,000 millones, pero en su lugar lo negociaron y eliminaron todas las dudas sobre la seguridad de los bonos si se emite una sentencia del Tribunal’, cuestionó.

Este martes el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que la solicitud hecha por la Junta le dio la razón de que no falta una Comisión para Auditar la Deuda.

‘Establezco que el tiempo nos dio la razón. Hace más de un año hubo una discusión sobre la auditoría de la deuda y dijimos que estos asuntos de legalidad o ilegalidad se iban a dilucidar en el tribunal. Hoy vemos este primer paso que se está dando’, dijo el Mandatario.

Cuestionado sobre la cantidad insuficiente reconocida por la JCF, Rosselló Nevares sostuvo que la misma no representa una cifra final pues solo tomó en cuenta las obligaciones de 2012 y 2014. Hasta el 2011 uno de los miembros de la Junta, Carlos González, presidió el quebrado y disuelto Banco Gubernamental de Fomento (BGF), uno de los principales emisores del deuda del Gobierno.

Asimismo, el Gobernador reconoció que pueden surgir otros pleitos.

‘Lo que hemos demostrado es que esa Comisión de la Auditoría de la Deuda era una perdida de millones de dólares para el pueblo de Puerto Rico; innecesaria’, insistió.

Por su parte, Emmanuelli rechazó los planteamientos del Gobernador y reiteró que la auditoría se debe hacer antes de entrar en negociaciones con los acreedores. Cuestionó que la decisión de invalidar $6,000 millones no parte de una auditoria forense sino de la opinión del informe de investigación de que excede los límites.

Insistió que una auditoría podría verificar la legalidad de creditos anteriores al 2012, partiendo de la premisa que COFINA se crea en el 2006 como mecanismo para continuar tomando prestado a sabiendas de que se sobrepasó el límite constitucional.

‘Las finanzas del Gobierno colapsaron en el 2016. Ya para esa epoca probablemente las emisiones estaban fuera del límite constitucional, porque no tenían credito’, recordó el letrado.

La decisión de la JCF se da a horas de que se vea en la sala de la jueza Taylor Swain el plan de ajuste de la deuda de COFINA. Según Emmanuelli, aunque no tiene pertinencia a lo que se discutirá en sala, es probable que se traiga a la discusión.

‘Ese planteamiento no está en el panorama, pero hay 24 turnos de ciudadanos que no son parte del caso, pero deberían llevar la atención del asunto’, sugirió.