Empleados denuncian crisis en el negociado.

Turnos rotativos de ocho horas recibiendo malas noticias y cobrando el salario mínimo en un ambiente en que además, carecen del personal suficiente y el equipo necesario para realizar su trabajo.

Así podría describirse el panorama al que se enfrentan los empleados del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1, una de las siete dependencias bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y quienes suponen ser los primeros en atender una urgencia al servir como conexión entre la ciudadanía y las agencias de respuesta inmediata, como la policía, los bomberos y los paramedicos.

‘Cuando usted llama, un telecomunicador le tiene que contestar su llamada para canalizarla a las diferentes agencias. Lo ideal sería que nosotros le logremos contestar a usted en el menor tiempo posible, en seis, diez, 15, 20 segundos, pero realmente eso no está sucediendo’, explicó Luis Rivera, vicepresidente de la Unidad de Empleados del 9-1-1.

De acuerdo a Rivera, a principios del año 2018 el negociado contaba con 160 telecomunicadores de emergencia, lo cual se consideraba un nivel óptimo de funcionamiento. Sin embargo, en un plazo de ocho meses renunciaron 44 y, en lo que ha transcurrido del 2019, otros cinco sometieron sus cartas para abandonar sus puestos.

La razón principal para marcharse es económica, pues el salario base de estos empleados consiste de $15,000 al año y operan en lo que consideran pesimas condiciones laborales. Sus calendarios de trabajo, además de los horarios rotativos, no toman en consideración los días festivos. Por eso, los trabajadores optan por mudarse a los Estados Unidos u otras jurisdicciones en las cuales puedan devengar una suma mayor.

Esta disminución de personal provocó un aumento en el tiempo que le toma a los empleados del Negociado contestar la llamada de una persona interesada en alertar sobre una emergencia.

‘El tiempo de espera va creciendo. Usted llama en una hora pico al 9-1-1 y es posible que usted termine colgando la llamada porque no se le contestó. No es que no queramos contestarle, es que no damos abasto’, aseguró Rivera, quien lamentó los escenarios nefastos que esto representa para los ciudadanos en necesidad.

El tiempo de espera para un ciudadano, si insiste en recibir una respuesta del Negociado, ronda los seis minutos.

‘A los seis minutos le tienen que tomar entonces el tiempo adicional en que nosotros nos logramos comunicar [entre agencias] y el tiempo en que las diferentes unidades llegan a los lugares. Realmente estamos hablando de 25 minutos por lo menos’, señaló Rivera, antes de añadir que si una persona cuelga el telefono sin ser atendido, es poco probable que los empleados del Sistema 9-1-1 puedan devolverles la llamada porque los recursos tecnológicos del Negociado están obsoletos.

Es decir, los empleados del Sistema de Emergencias 9-1-1 no necesariamente cuentan con los recursos –humanos y tecnológicos– para atender esa llamada que quedó en el aire.

En el caso de los mensajes de texto –ya que el Negociado estrenó el programa ‘Text to 9-1-1’ hace dos años–, Rivera indicó que no es más eficiente que una llamada porque el sistema de todos modos ‘es lento’. No obstante, está en funcionamiento y la poca acogida de la ciudadanía ha sido para reportar situaciones que no son de emergencia.

El problema no es solo en la vía ciudadano-agencia, pues la comunicación interagencial tambien se ha visto perjudicad ya sea por problemas estructurales o falta de recursos.

Desde el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017, ejemplificó Rivera, varias líneas telefónicas cesaron de funcionar y aún no han sido arregladas.

‘Se supone que nosotros contestemos las llamadas en segundos, pero nosotros tenemos listados de telefonos desde María que nos dicen ‘prueba con uno de estos a ver si te contestan’. Desde María estoy diciendo que nosotros tenemos que empezar a tratar a ver si nos contestan’, subrayó el empleado, quien lleva 19 años de carrera.

A estos problemas se añade la inestabilidad y la burocracia administrativa, puesto que en dos años, el Negociado ha sido dirigido por cuatro personas. Más, a la hora de solicitar licencias sin sueldo, por ejemplo, la petición debe pasar por las manos de unas cinco jefaturas, acción que culmina en el escritorio de Hector Pesquera, secretario del DSP.

Sin ambulancias se alarga la espera

Según Rivera, el negociado que más tarda en responder las llamadas del Sistema de Emergencias 9-1-1 es el Cuerpo de Emergencias Medicas Estatales porque tampoco cuentan con los recursos suficientes para atender las urgencias.

Uno de los problemas principales es la falta de ambulancias, por lo que los tiempos de espera rondan entre 25 y 35 minutos.

‘Hay 58 bases de emergencias medicas en Puerto Rico, las cuales en diferentes turnos tienen que cerrar por falta de personal. Hacen acuerdos colaborativos con compañías de ambulancias privadas que les da lo mismo llegar como no llegar. Si usted tiene un familiar enfermo, ¿no le gustaría que la ambulancia se tardara menos de 20 minutos? Pues, las estadísticas actuales dicen que la ambulancia se tarda 15 minutos y eso es mentira’, denunció por su parte Griselle Natal, presidenta de Paramedicos Unidos de Puerto Rico (PUPR).

La portavoz informó que la agencia contaba con 1,000 paramedicos, pero ‘ya no quedan ni 500’. De esa cifra, gran parte está contratada como empleados transitorios por jornal y, de ser rescindidos sus servicios, ‘la agencia completa cae al piso’.

Tambien, a los empleados actuales les fueron reducidos los días de vacaciones a la mitad, se les eliminó su Sistema de Retiro y les exigen más licencias para realizar sus funciones. Al igual que en el Sistema de Emergencias 9-1-1, los paramedicos cobran poco y optan por probar suerte en los Estados Unidos.

En Nueva York, un paramedico devenga un salario anual de $44,747. En Puerto Rico, a duras penas alcanzan la mitad de ese salario al año.

‘Somos la clase más marginada. Cuando llegamos tarde a una escena porque no nos dejaron pasar o porque nos avisaron tarde, a nosotros nos penalizan’, expresó Natal.

Natal y Rivera formaron parte de un conjunto de organizaciones que le exigieron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares la destitución del secretario Pesquera, a quien catalogaron como ineficiente, manipulador y arrogante en su gestión al mando del DSP.

Como parte de sus argumentos, aludieron a la crisis que se vive en cada uno de los siete negociados que componen el DSP.