Tras salir airosa la Secretaria de un proceso.

Luego de que no se encontrara causa por ningún cargo contra la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó cuestionando la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia de Puerto Rico.

Con su acostumbrado mensaje a traves de Facebook, Rivera Schatz respondió 24 horas despues de que Vázquez saliera airosa del tribunal y luego de que el gobernador, Ricardo Rosselló restableciera inmediatamente a sus funciones a la Secretaria.

‘Es importante que exista confianza en nuestro sistema judicial pero, ¿alguien puede pensar que el desenlace de ayer arreglo eso? ¿Que se ha subsanado ante la ciudadanía todos los cuestionamientos e interrogantes sobre el Sistema de Justicia? Ojalá tengan razón los que así piensan’, mencionó el Líder legislativo al respecto luego de que durante semanas dijera que Vázquez debió haber salido de su puesto totalmente y no de manera temporal, como lo hizo hasta ayer.

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De igual modo, recordó investigaciones pendientes del caso. Una de ellas corresponde a al juez superior de la sala de lo criminal del Tribunal de Caguas y esposo de Vázquez, Jorge Díaz Reverón. El togado alegadamente utilizó su poder en la banca para citar a un agente de la Policía de Puerto Rico y disuadirlo de testificar por la Oficina del PFEI en el caso contra Vázquez.

‘Nuestro sistema de Justicia, lastimado pero recuperable, sufrió un traumático golpe no importa cual haya sido el resultado del evento que involucró a la Secretaria de Justicia y la Oficina del FEI. Queda aún pendiente una investigación en la Rama Judicial y otras investigaciones en la Oficina de Etica Gubernamental tan amargas como la que ayer captó la atención de los medios de comunicación’, dijo Rivera Schatz.

Ayer, Vázquez salió airosa de su cita en el tribunal, luego de que la jueza Yazdel Ramos Colón no encontrara causa para ordenar su arresto por delitos imputados por el FEI. Vázquez enfrentaba dos imputaciones por violentar el artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental y una infracción al artículo 252 del Código Penal, cargos que circundan el uso de los deberes y las facultades de un cargo –ni la propiedad o los fondos públicos– para obtener, directa o indirectamente, para el o para una persona privada o negocio, un beneficio ilícito.