La procuradora de la mujer, Wanda Vázquez, dijo el miercoles que si la decisión del Tribunal Apelativo de concederle un nuevo juicio a Pablo Casellas fuera validada, provocaría un precedente, pues muchos convictos optarán por solicitar un nuevo juicio tambien.

‘Estamos hablando de que todos los juicios, todos los juicios que se hayan visto, obviamente en el estado de derecho puertorriqueño, tiene que ser una decisión por mayoría, todos tendrían derecho a un nuevo juicio… Esto es fatal para el sistema de justicia criminal puertorriqueño y debe corregirse a la mayor brevedad posible’, sostuvo Vázquez en entrevista radial en NotiUno.

El martes en la noche trascendió que el Foro Intermedio determinó conceder el nuevo juicio a Casellas, luego que sus abogados solicitaran la anulación del veredicto de culpabilidad, alegando que los veredictos por jurado en Puerto Rico deben ser por unanimidad.

‘Revocamos la sentencia apelada ya que el veredicto fue uno por mayoría, contrario a lo que establece el nuevo estado de derecho determinado en Pueblo vs. Sánchez Vale, supra. Dicho dictamen de nuestra más Alta Superioridad Judicial le es aplicable al apelante ya que al momento de su pronunciamiento no existía una sentencia condenatoria final y firme contra el señor Casellas. En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario para la celebración de un nuevo juicio’, indica el dictamen del Apelativo.

De otra parte, la procuradora indicó que ‘(la decisión) es contraria a todo el sistema procesal puertorriqueño. No está conforme a las Reglas de Procedimiento Criminal, a la jurisprudencia. Ha sido una decisión que prácticamente lo que ha querido resolver es que la Constitución de Puerto Rico no existe, no tiene ninguna validez. Ha ido por encima de la Constitución de Puerto Rico que expresamente dice que los veredictos de los jurados deben ser por mayoría’.

‘Estoy completamente de acuerdo con el Departamento de Justicia de que este caso, seguramente es un caso que irá al Tribunal Supremo’, agregó la funcionaria al indicar que el Máximo Foro Judicial debe expresarse y que espera que aclare esta determinación.

Mientras, la exjueza del Apelativo, Zaida Hernández Torres explicó en entrevista en la misma emisora que el asunto de la doble jurisdicción no aplica en este caso.

‘Este caso ya está en el Tribunal Federal que me parece que a lo mejor en cualquier momento estaríamos viendo cual es la decisión del Supremo federal. Pero independientemente a eso, no es el caso de Pueblo vs. Sánchez Valle precedente a utilizarse en esta petición como erróneamente lo entendió el Tribunal Apelativo’, dijo Hernández Torres al anticipar que el Supremo revocaría la determinación del Apelativo.

Mientras, la Coalición Paz para la Mujer catalogó el miércoles como vergonzoso que en vísperas del Día Internacional de No Más Violencia hacia las Mujeres, el Tribunal Apelativo de Puerto Rico concediera un nuevo juicio al asesino convicto Pablo Casellas.

Vilma González Castro recordó a la Rama Judicial que la política pública del Estado repudia la violencia de género y que por tanto deberían ser consecuentes con sus propias Leyes. A su vez, felicitó al Secretario de Justicia por sus expresiones y determinación de apelar la decisión ante el Tribunal Supremo.

‘Rechazamos enérgicamente la decisión del Tribunal Apelativo. Otro juicio significa someter a familiares y amistades de Carmen Paredes a procesos que son hostiles, que reviven los traumas, las crisis, y la tristeza. Otro juicio significa una segunda oportunidad para Pablo Casellas, cosa que Carmen Paredes no tendrá. Nos negamos a permitir que la vida de las mujeres se reduzca a discusiones basadas en Derecho, sin profundizar en aspectos psicosociales y de derechos humanos’, declaró la coordinadora general de Paz para la Mujer mediante un comunicado de prensa.

Por otro lado, González Castro llamó la atención a la lectura que podrían hacerle otras sobrevivientes de violencia de género al nuevo juicio.

‘El asunto para muchas personas, más que ser una discusión legal, significa revictimización e impunidad. Significa que la vida de las mujeres vale menos que la libertad de un asesino. Es a lo que nos referimos cuando hablamos de violencia institucional o violencia del Estado. También significa que el poder para acceder a recursos legales competentes está relegado a algunas personas privilegiadas en el País’, explicó González Castro.