La defensa de Brenda Perez García, acusada de defraudar al Estado como directora del programa de tutorías en Rocket Learning, solicitó el martes el permiso del Tribunal para continuar trabajando en la misma compañía, que supuestamente adiestraba a empleados para someter facturas falsas.

Durante la lectura de acusación, en la cual se declaró no culpable, el abogado defensor Raúl Mariani solicitó que se le permita continuar trabajando hasta tanto el Estado pruebe su culpa en los cargos de fraudeque se le imputan, a lo que la magistrada federal Silvia Carreño Collcuestionó si eso no implicaría unconflicto por la posibilidad de quecontacte a otros empleados, que seantestigos del Ministerio Público.

‘Ese es su trabajo. Puede tener asignadas ciertastareas. No sé por qué hay preocupación de que se le permita su derecho a trabajar y ganar su sustento. Ella es una simple empleada. Ella no creó este programa, no creó el sistema biométrico, no lo supervisaba’, comentó Mariani junto a su clienta, quien permanecía atenta a la traducción al español, con esposas enlas manos y pies.

Desde la cancelacióndel programa de Servicios Educativos Suplementarios (SES) hace dos años, Pérez García ha permanecido ‘liderando un equipo de más de cien gerentes alrededor de toda la Isla’, según el portal de Rocket Learning.

El pliego acusatorio establece que el esquema incluyó la fabricación de récords falsos de asistencia biométrica, récords falsos de asistencia manual, récords falsos apoyando la notificación de post pruebas, y forzar las firmas de estudiantes, padres y maestros.El total defacturas al Departamento de Educacióntotalizó $34 millones, de los cuales sólo hay evidencia de robo de $954,297, según el pliego acusatorio.

Ambas partes hicieron alegacionesde supuestas conductas irregulares, que no fueron tomadas en consideración en las condiciones de libertad bajo fianza de $20 mil que otorgó la jueza. Por parte del Estado, los fiscales José Capó y Seth Erbe mencionaron unos supuestos comentarios que hizo la acusada en la vista inicial a los demás coacusados, mientras que Mariani comentó a la jueza sobre unas ‘presiones indebidas’ que ejercieron los agentes investigadores sobre alrededor de una docena de personas que entrevistaron.

‘Hay presunción de inocencia… Aquí hay alegaciones contra una compañía en uno de muchosprogramas que tiene. Es una compañía de muchos años… El Gobierno tiene que probar su caso’, comentó Mariani a su salida de sala.

La defensa tieneun periodo de diez días para someter una mociónsobreeltrabajo, la cual debe incluir el desglose de proyectos o contratos que estaría trabajando, así como la lista de individuos que estaría supervisando o contactando como parte de sus labores, para lo cual se reuniría con el abogado defensor de Rocket Learning, Juan Ramón Acevedo.

Mariani destacó ante el Tribunal que las finanzas de lamujer de 49 años y su familia,se podrían perjudicar si no se le permite trabajar, debido alasobligaciones hipotecarias con las que tiene que cumplir mes a mes y aque ya ha radicado quiebra en el pasado.Trascendió, además, que ha estadobajo tratamiento de depresión menor y que cuida a su madre, quien espaciente de Alzheimer, cuando culmina el turno de laenfermera.

Delos 31 acusados, Pérez García fue la únicaque ha pernoctado en prisión desde la noche del jueves hasta la vista de lectura de acusación.Carreno-Coll le impuso unafianza de $20 mil.