Una auditoría de la Contralora de Puerto Rico reveló tres deficiencias en las operaciones fiscales, entre las que se encuentra la falta de visitas de supervisión a las entidades receptoras de donativos legislativos.

Se señaló, además la falta de guías, criterios y los procedimientos del Plan para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer y falta de cláusulas importantes en los contratos de servicios profesionales y consultivos.

El Informe señala que la Asamblea Legislativa aprobó ocho resoluciones conjuntas – en el periodo auditado- que asignaron $15.3 millones a 102 entidades semipúblicas o privadas sin fines de lucro. En ese periodo los agentes custodios del Departamento de Salud a cargo de los donativos legislativos no realizaron visitas a las entidades receptoras.

Una situación similar se comentó en un Informe del Contralor de 2003.

La auditoría cubre el período del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013.