El liderato de unas 20 organizaciones sindicales que representan agencias y corporaciones públicas se reunirán con el Gobernador el martes para comenzar las renegociaciones de los convenios colectivos en aras de evitar los recortes automáticos de beneficios a trabajadores que entrarían en vigor con la Ley de Sostenibilidad Operacional y Fiscal.

La información la dio a conocer el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Pedro Irene Maymí, quien ya se había reunido con el Gobernador para discutir sus preocupaciones en torno a la Ley 66.

A modo de ejemplo, la Ley 66 elimina el concepto de antigüedad, permite traslados entre agencias de los trabajadores, y elimina prohibiciones para subcontratar.’Qué tiene eso que ver con ahorros? Es contradictorio porque si dices que hay una crisis fiscal, por qué eliminas las cláusulas que prohíben contrataciones?’, explicó Maymí.

Aunque no usó esas palabras, las uniones parecen estar desconfiadas. IreneMaymí recordó que en la pasada negociación colectiva de la UIA, la organización cedió unos $60 millones en beneficios pero la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) terminó aumentando la cantidad de dinero que paga en contratos de $300 millones a $567 millones.

Las uniones tienen hasta el 31 de agosto para ratificar las enmiendas a los convenios antes de que los recortes automáticos entren en vigor.Aunque los líderes obreros están dispuestos a renegociar sus convenios, destacaron que las agencias, que son las que tienen la información sobre cuánto se proponen ahorrar por partida, no están compartiendo la data con el liderato obrero.

Precisamente esa fue la queja que expuso el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, quien se quejó de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está aguantando información necesaria para renegociar el convenio.

La UTIER acudió a la Junta de Relaciones del Trabajo para obligar a la AEE a que provea información detallada de los ahorros que se espera obtener por medio de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional y el impacto sobre los derechos adquiridos de los unionados. Añadió que la acción de la AEE es violatoria de la ley.

Según Figueroa Jaramillo, la unión desea tener la oportunidad de poder proveer alternativas que resulten en los ahorros que se desean.

Apesar de que las uniones, incluyendo TUAMA, renegociarán sus convenios, IreneMaymí dijo que eso no afectan los planes de impugnar la Ley 66 en los tribunales.