Los alcaldes de Trujillo Alto y Barceloneta dijeron estar sorprendidos con las acusaciones de corrupción contra el abogado Alejandro Carrasco, quien fue descrito como introvertido y conocedor del tema de asuntos municipales, específicamente ‘especialista en subastas’.

El abogado también tuvo contratos con Yabucoa, Juncos, Luquillo y Rio Grande.

El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, dijo que aunque estaba en proceso de renovarle su contrato a Carrasco, ordenó que se paralizara el mismo dada las recientes acusaciones federales que imputan al abogado solicitar sobornos para ayudar a gestionar contratos en el municipio de Río Grande.

Cruz dijo que Carrasco era la persona que representaba al ayuntamiento en la demanda que los Testigos de Jehová entablaron contra varios municipios para tener acceso a comunidades cerradas. ‘Él es especialista en asuntos municipales de subasta. Fue asesor mío en el caso de los Testigos de Jehová en el que había que ir a Boston. Ahora nos tenemos que sentar y ver cómo hacemos la transición’, comentó.

Cruz aseguró que Carrasco en ningún momento hizo nada ilegal en su municipio. Dijo también que las autoridades federales nunca se comunicaron con él para preguntarle sobre Carrasco. ‘Hay que dejar que un jurado determine si hizo lo que hizo’, subrayó.

De otra parte, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, negó que Carrasco tuviera contratos con su alcaldía.

‘Él nunca tuvo contratos durante mi incumbencia. Su contrato se canceló bajo la administración de Sol Luis Fontanes en enero del 2012 y un mes después el alcalde fue arrestado’, explicó. Carrasco era asesor legal del convicto exalcalde.

La Alcaldesa dijo que no renovó el contrato de Carrasco porque tiene que reducir gastos en su municipio y optó por crear una división legal. ‘Él hizo un acercamiento para tratar de que se le contratara pero yo tengo que recortar gastos’, apuntó, al añadir que la impresión que tiene de Carrasco es que es una persona introvertida y lamentó la situación por la que estaban pasando tanto él como su coacusado, el alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa.

Según información contenida en la acusación, un contratista A, quien fue implicado en un esquema de corrupción relacionado a Fontanes, fue el que implicó a Rivera y a Carrasco en el esquema de corrupción. El contratista alegó que Carrasco le cobró por medio de sus honorarios los pagos para gestionarle contratos en Río Grande.

*Historia originalmente publicada a las 11:00 a.m.