La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) radicó esta mañana una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla y a los cinco legisladores que presidieron las comisiones que recomendaron la aprobación de la Ley Empleos Ahora.

‘Mediante la radicación de dicho recurso exigimos se cumpla con lo dispuesto en la Ley para la Reforma Fiscal de 2006. Al hacer esta exigencia, lo hacemos con el doble propósito de, primero, prevenir un nuevo incremento en la factura de la luz de todos los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y segundo, intentamos ponerle fin a la práctica irresponsable de legislar sin considerar el impacto de las leyes que se promulgan sobre el bolsillo de los ciudadanos y la estabilidad fiscal de los organismos del Estado’, lee el comunicado del grupo.

Increparon, además, que la demanda ‘no está fundamentada en una oposición a la creación de nuevos empleos, permanentes y bien remunerados’.

Los demandantes acusan que los legisladores y el ejecutico no cumplieron con sus deberes a la hora de aprobar la legislación.

‘Dicho incumplimiento produce, entre otras consecuencias, que aumente el déficit fiscal del Fondo General y que aumente la factura de la luz’, añadieron.

‘De acuerdo a la Ley de Empleos Ahora, todo patrono que reclute un nuevo empleado tendrá derecho a reclamar contra su factura de electricidad hasta $2,000 por cada empleado. Incluso, bajo ciertas circunstancias, el patrono podría reclamar un crédito adicional a los $2,000. Por lo tanto, si el patrono recluta 10 empleados tendráderecho a no pagar hasta $20,000 en su factura de electricidad’, mencionaron

‘El problema con este nuevo crédito, que se une a la larga lista de sobre 15 créditos y subsidios energéticos (seis de los cuales están disponibles para las empresas), es que su financiamiento está diseñado para que quien pague el mismosea el Pueblo de Puerto Rico. Lo anterior obedece a que, según la Ley de Empleos Ahora, el dinero que se utilizará para financiar este nuevo crédito saldrá de dos recaudos que ingresan al Fondo General (el IVU y las contribuciones sobre ingresos de los nuevos empleados). Sin embargo, el IVU y las contribuciones sobre ingresos de los nuevos empleados no serán suficientes para pagar el crédito’, acusaron.

El grupo aseguró que con esta demanda se les ha solicitado a los demandados ‘que cumplan, entre otros aspectos con el Artículo 8 de la Ley para la Reforma Fiscal del 2006 el cual exige una serie de certificaciones, como condición para la aprobación y validez de una ley, cuando la misma produce la erogación de fondos públicos. Esta exigencia se les hizo a todos los demandados y ninguno de éstos reaccionó a dicha exigencia, por lo que se tuvo que recurrir a los tribunales para exigir su cumplimiento’.