El gobierno de turno en Puerto Rico promueve que la isla se integre plenamente al sistema federal estadounidense, pero algunas de sus agencias no hacen su parte a la hora de cumplir con los acuerdos de colaboración que todo estado y jurisdicción debe establecer con Washington D.C.

En esta ocasión, la entidad conocida como el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC), una oficina sombrilla que trabaja con varias agencias, incluyendo el Departamento de Justicia, ha sido señalada por incumplir con varios de los memorandos de entendimiento entre el gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos, a través de su Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Fuentes ligadas a la agencia y a Justicia le indicaron a NotiCel que, en los últimos cuatro años, el SIJC de la isla ha abandonado sus responsabilidades con el gobierno federal al no comparecer a las Reuniones del Grupo de Trabajo de la Región Sur, al cual Puerto Rico pertenece en la red nacional estadounidense conocida como el FBI National Crime Information Center (NCIC).

Actualmente, el SIJC de Puerto Rico tiene al licenciado José Monge Gómez como Director Interino.

Se supone que sea Gómez, quien funja como el Oficial de Servicios de Sistemas de Información de Justicia Criminal (CSO, por sus siglas en inglés) que represente a Puerto Rico en el NCIC-Grupo Sur del FBI.

Además de lo relacionado a la no-comparecencia a las reuniones regionales organizadas por el FBI, trascendió, además, que el SIJC local ha fallado en participar en el Índice Interestatal de Información (Triple I) que forma parte del memorando de entendimiento entre Puerto Rico y el FBI.

Según la información provista a este medio digital, el despido de empleados de la agencia y el pobre manejo de los sistemas computadorizado ha contribuido a que se rompa la comunicación entre el SIJC y los centros de información nacionales de los Estados Unidos encargados de manejar los sistemas que trabajan con los records criminales de los estados y otro territorios dentro de la jurisdicción federal.

Además de los acuerdos relacionados al manejo de records e información de crímenes, el gobierno de Puerto Rico está igualmente incumpliendo con la ley conocida como el ‘Compact Council’ de 1998, que le requiere a los gobiernos estatales el intercambio de información con agencias que no están relacionadas a la Justicia Criminal, sino a otro asuntos legales tales como casos de adopción, cuido de niños y ancianos, personas con impedimentos, así como lo referente al licenciamiento de escuelas y otras organizaciones.

También se ha fallado en cumplir con los acuerdos de provisión de información de historiales criminales de Puerto Rico que son requeridos por la INTERPOL.

Tampoco la isla cuenta actualmente con un representante en los programas federales de ‘National Law Enforcement and Telecomunications System’ y ‘National Criminal History Improvement Program’.

En ambos programas, el gobierno estatal de la isla tiene derecho a designar un representante, pero al parecer, la administración de turno no ha querido aprovechar estas oportunidades para integrarse aún más a oficinas federales de los Estados Unidos.