A pesar de que figura como uno de los ‘logros’ en el área de seguridad para la Administración Fortuño, y de las ronchas legales que todavía están por resolverse, la inspección de furgones en los puertos ha sido un fracaso, según expuso el semanario Caribbean Business.
Según los datos presentados, en los 17 meses de inspección, el gobierno ha procesado 100,000 furgones, y sólo ha detectado 390 libras de marihuana y un vehículo que tenía dinero en efectivo escondido en sus puertas. Esta actividad cuesta $30 millones al año.
NotiCel solicitó al Departamento de Hacienda una corroboración de los datos, pero no se produjo ayer en la tarde.
La inspección también se supone que ayude a detectar mercancía que no está pagando arbitrios. En ese renglón, el semanario cita a un funcionario anónimo de Hacienda que indica que de enero de 2012 a agosto de 2012, sólo se detectó mercancía no declarada por un valor de $4.54 millones. Si a eso se le saca el 7% que se le aplica por impuestos, el fisco pudo recuperar $320,000. Sin embargo, el programa de inspección cuesta $2.8 millones mensuales, por lo que el rendimiento de ese gasto público queda severamente cuestionado.
El controvertible programa ha sufrido varios cambios, según la nota publicada.
Por ejemplo, la jurisdicción primaria del mismo pasó de la Autoridad de los Puertos al Departamento de Hacienda, a pesar de que el propósito principal de instituir las inspecciones era la seguridad.
Además, la cantidad de furgones que la compañía privada encargada de las inspecciones puede trabajar bajó, porque se determinó que no puede inspeccionar los furgones que están bajo jurisdicción internacional, o lo mismo que no se quedan aquí sino que están de tránsito.
Las tarifas que se le cobran a las compañías navieras también cambiaron. Antes eran $69 por furgón, ahora son $4 por tonelada hasta un máximo de $69 por cargamento.
El semanario indica también que un informe federal preliminarmente cuestionó la efectividad de inspeccionar el 100% de los furgones de un puerto porque no sería efectivo para detener la entrada de armas y drogas ilegales.
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