Insistentes denuncias sobre comportamiento antitético, violencia doméstica, demandas por cobro de dinero y violaciones de derechos civiles rodean la candidatura del aspirante a representante por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán por el Partido Popular Democrático (PPD), Efraín de Jesús Rodríguez.

El abogado de profesión, sin embargo, ripostó hoy en entrevista con NotiCel que ‘el 95% de lo que se dice por ahí es falso y es parte de una campaña que pretende desacreditarme porque hay otros que no tenían fortaleza para derrotarme’.

Las denuncias aparecen en el portal de Facebook bajo el nombre de Mayagüez Sin Miedo e incluyen un documento relacionado con una demanda que en el 2010 sometió en su contra la Asociación de Residentes de la Urbanización Paraíso en la ciudad del oeste por el cobro de $1,789.19 que había dejado de pagar en cuotas por mantenimiento.

El aspirante popular reconoció que sí tuvo que enfrentar esa demanda, pero indicó que fue porque la compañía que estaba encargada de cobrar su hipoteca también debía realizar los pagos a la Asociación de Residentes.

‘Eso fue una cantidad que tuve que pagar dos veces porque la compañía del ‘mortgage’ me lo descontó, pero no hizo los pagos. Me tardé un poco porque la compañía se fue a la quiebra y quise hacer las gestiones para que ellos cumplieran, pero como se había ido a la quiebra, tuve que pagarles yo, de nuevo’, explicó.

Otro de los señalamientos que se le hacen es que está involucrado en una demanda en el Tribunal Federal por supuesta violación de derechos civiles. Se trata del caso Elba I. Falto-de Román vs. Municipio de Mayagüez en el que la demandante, quien fuera directora de los programas Head Start en el pueblo, reclama que fue despedida injustificadamente.

De Jesús Rodríguez respondió que es parte de los demandados porque es miembro de la Junta de Directores de Head Starts, pero aseguró que nada tuvo que ver con el despido de Falto.

‘Eso se está viendo ahora en el tribunal, pero yo espero que en las primeras etapas del proceso se me saque de entre los demandados’.

Por otra parte, admitió que fue suspendido provisionalmente del ejercicio del notariado por su omisión de presentar índices notariales durante el mes de noviembre de 1988 y de enero a diciembre de 1989.

La suspensión que ocurrió en 1990 vino luego de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ganara las elecciones en el municipio de Aguadilla, donde el tenía su despacho y ofrecía servicios legales al Partido Popular Democrático (PPD), que había perdido la poltrona municipal. ‘El PNP, cuando asume el poder, se negaron a devolverme mis libros de notaría y en ese tiempo no pude rendir mis informes’. Entonces, dijo, el tribunal encontró una deuda de 38 dólares en sellos y envió notificaciones para que compareciera a aclarar el asunto a la dirección incorrecta.

‘Resulta que debía 38 dólares en sellos y me vine a enterar cuando me suspendieron porque entendieron que yo no estaba respondiendo porque me estaban enviando las notificaciones a la dirección equivocada. Yo acudí y arreglé el asunto. No fue un desaforo’, sostuvo.

Sobre todos estos asuntos, consideró que ‘son incidentes que no descalifican a nadie’. ‘Cuando uno ha vivido mucho, uno tiene incidentes de cobro, pero en mi historial no hay nada significativo y lo que el partido vela es que no hayan actos de corrupción, de delitos. Yo, además de un par de multas de tránsito, no tengo nada que se me pueda señalar’

Existe otro número de alegaciones en su contra, incluyendo el que fue destituido como profesor de la Pontificia Universidad Católica por haber embarazado a una estudiante y que estuvo involucrado en incidentes de violencia doméstica.

‘Eso son pamplinas, yo me fui de la universidad para aceptar el cargo de Comisionado de la Policía Municipal de Mayagüez, pero yo era director de la Facultad de Artes y Humanidades y tenía a mi cargo sobre 40 profesores’, se defendió. Negó también que hubiera tenido incidentes de violencia doméstica. ‘Estoy casado y tengo cinco hijos, todos dentro de mi matrimonio’.