El Representante por el Partido Popular Democrático, Charlie Hernández, denunció las contradicciones de la administración Fortuño sobre la propuesta de enmienda al derecho constitucional de la fianza.

La administración Fortuño, por conducto de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), impulsa una enmienda constitucional para limitar el derecho constitucional a la fianza.

Sin embargo, Hernández presentó evidencia que demuestra que esta misma administración rechazó esa propuesta en el año 2009 por considerarla inconstitucional.

‘Nos sorprende grandemente que la OSAJ respalde esta mal concebida propuesta del Gobernador Fortuño, cuando en este mismo cuatrienio dicha oficina se opuso a una medida similar del hoy convicto senador Héctor Martínez, contenida en la Resolución Concurrente del Senado 12’, sostuvo el representante popular.

Hernández también cuestionó los fundamentos que utiliza Fortuño para limitar el derecho constitucional.

‘Las estadísticas brindadas por esa misma agencia contrastan dramáticamente con las razones que nos da Fortuño para eliminar el derecho a la fianza. Del 1996 al 2009, menos de un porciento (1%) incumplieron con las condiciones de la fianza, y solamente a un medio por ciento (0.5%) se le canceló los servicios de la OSAJ por la comisión de un nuevo delito’, aclaró el legislador.

‘Las estadísticas brindadas por el propio gobierno de Fortuño desmienten la necesidad de enmendar la constitución y desenmascaran la gran falsedad del atentado a los derechos ciudadanos. Por esa razón Fortuño no desea que se preste atención a las elocuentes estadísticas que demuestran la forma irresponsable y demagógica en que se pretende atender este asunto’, indicó Hernández.

Finalmente, Hernández señaló que ‘la propuesta de enmienda constitucional del gobernador representa un esfuerzo de último minuto para convencer a los ciudadanos de que tiene un plan de acción para atender el problema de la criminalidad, que ha empeorado durante su mandato. No obstante, todos los expertos coinciden en que la limitación de los derechos ciudadanos no resultará en una rebaja en la criminalidad. Por ello, debemos concluir que la propuesta de Fortuño es más un esfuerzo mediático que una iniciativa responsable’.