La jueza Gladys González Segarra halló causa para arresto contra seis manifestantes que fueron detenidos el pasado mes de diciembre por protestar la construcción de un parque eólico en terrenos agrícolas de Santa Isabel. Los cargos se ajustan a lo que se le ha bautizado como la Ley Tito Kayak, legado que dejase el ex senador Antonio ‘el Chuchín’ Soto, antes de que renunciara a su escaño en medio de acusasiones de corrección.

Los imputados por presuntamente violar el nuevo Artículo 208A del Código Penal son el profesor Robinson Rodríguez Pérez, el agrónomo Raúl Mari Fernández y los estudiantes Rose Marie Vázquez Cruz, Luis Omar García Mercado, Edwin Velázquez González y Javier Smith Torres.

Estos fueron arrestados el pasado 15 de diciembre al obstruir la entrada de camiones al proyecto de Pattern Energy en el sector Paso Seco.

A todos se les impuso una fianza individual de $20, la cual pagaron y tras ser fichados fueron dejados en libertad.

La Jueza fijó para el 2 de marzo la vista preliminar. De proceder el caso y ser hallados culpables, los arrestados se exponen a entre seis meses y tres años de cárcel.

‘Nos sorprendió la determinación de causa para arresto porque no se cumplió con el peso de la prueba’, expreso de inmediato el abogado Martín González Vélez, uno de los representantes legales de los manifestantes.

‘Se nota que el Estado tiene un interés particular en llevar este caso hasta las últimas consecuencias’, añadió.

Por su parte, Warys Zayas Camacho, agrónomo y portavoz del grupo Frente de Rescate Agrícola, criticó el desempeño de la Jueza y opinó que la decisión en este caso fue tomada desde La Fortaleza y no en la Sala 401 del Tribunal de Ponce.

‘Ella (jueza) ya sabía cuál era la determinación del caso desde el principio. Su actitud no fue de juzgar’, denunció. ‘Por lo que yo pude apreciar en sala, por el lenguaje corporal de la jueza y la ineptitud del fiscal en presentar su caso, no nos queda otra que pensar que esto ya estaba cuadrado de antemano’, continuó.

‘Esto fue un circo. Fue vomitivo ver cómo se sacrifican en el tribunal los derechos civiles de los puertorriqueños. Esto es algo bien serio porque estamos viendo como la sala, los poderes judiciales y las leyes se están utilizando para penalizar personas que están ejerciendo su derecho de libre expresión y para reprimir a la gente’, concluyó.

Recientemente, el agrónomo Mari Fernández explicó sus posturas a favor de las tierras de Santa Isabel, terrenos del más alto nivel agrícola según determinación federal. Para ver el blog publicado en NotiCel, pulse aquí.

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