El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Dueños de Laboratorios Clínicos Privados, Inc. (APDLCP), José R. Sánchez, entregó hoy una declaración jurada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, en la que establece que las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 2630 estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la posible intervención del representante José Luis Rivera Guerra para favorecer a uno de los proponentes.

El líder de la organización, José R. Sánchez, hizo entrega del documento como parte de un requerimiento de González para investigar el asunto.

El proyecto en cuestión intenta establecer un salario mínimo para los tecnólogos médicos, igual a los salarios en los Estados Unidos, propuesta a la que la APDLCP se opone por entender que atentaría contra el empleo de estos profesionales en la isla y agravaría la situación económica de los laboratorios clínicos.

En la declaración jurada, Sánchez establece que el representante Rivera Guerra es sobrino del electo presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos, Samuel Rivera Castro, quien es uno de los principales proponentes del proyecto. A pesar de esto, Rivera Guerra no se inhibió de la evaluación y, a pesar de estar presente en varias vistas públicas, nunca hizo saber que su tío, potencialmente, se beneficiaría de la aprobación del proyecto.

Sánchez declara, además, haber presentado tres estudios a las comisiones a cargo de la evaluación, la Comisión de Salud y la Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales, y que ninguno de estos fue citado en el Informe Positivo, en que también ‘se demuestra menosprecio a las partes opositoras al proyecto, al manipular información provista’.

En ese informe, a la Asociación Puertorriqueña de Duenõs de Laboratorios Clínicos Privados se le dedicó un 3% del informe, mientras que a los proponentes se les dedicó un 58%.

Según Sánchez, la conversión en ley causaría la pérdida de unos 3,000 empleos directos e indirectos.

‘Con esto, nuestra organización sale en defensa de la permanencia de los empleos de los tecnólogos médicos, la sobrevivencia de los laboratorios clínicos del patio -la mayoría pequeños y medianos negocios- y, finalmente y lo más importante, la garantía de la prestación de servicios de calidad a todos los pacientes’, recalcó Sánchez sobre la entrega de la declaración, en otro intento por hacer valer su postura.

La presidenta de la Cámara aseguró que examinará los documentos y atenderá el asunto ‘según corresponda’.

‘Los documentos entregados por el señor Sánchez los examinaré y se atenderán los mismos según corresponda’, expresó González Colón.

La declaración jurada destaca los siguientes puntos:

El representante José Luis Rivera Guerra no se inhibió en la evaluación del P de la C 2630 a pesar de que el proyecto beneficiaría a los tecnólogos médicos, clase profesional a la que pertenece su tío, el Lic. Samuel Rivera Castro, presidente electo del Colegio de Tecnólogos Médicos.

La Comisión de Salud y la Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales obviaron los estudios independientes que presentaron las partes opositoras, no se identificaron ni formaron parte del Informe Positivo del Proyecto, mostrando así subjetividad y favoritismo hacia la parte proponente y minimizando los planteamientos de las partes opositoras.

La aprobación del proyecto y el establecimiento de un salario mínimo para los tecnólogos médicos, igual a los salarios en los Estados Unidos, atenta contra el empleo de cientos de estos profesionales, agrava la situación económica de muchos laboratorios clínicos y afectaría la calidad del servicio para los pacientes.

Solicitud de una investigación sobre el trámite legislativo del proyecto.