Con reservas, así se expresaron varios deponentes durante una vista pública llevada a cabo por la Cámara de Representantes que evalúa una medida, que busca que los manejadores de la cartera de inversiones de los sistemas de retiro gubernamentales destinen al menos un 50 por ciento de sus transacciones por medio de corredores traficantes de valores establecidos en Puerto Rico.

De acuerdo a la exposición de motivos del P. de la C. 2034 del representante Antonio ‘Toñito’ Silva Delgado, con esta legislación el Gobierno intenta seguir impulsando el desarrollo económico de la Isla y la generación de nuevos empleos, al tiempo que allegan más fondos al fisco.

No obstante, José Lázaro Nazario, director ejecutivo del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, manifestó en una ponencia esta semana que ‘nos oponemos al Proyecto por entender que conflige con los administradores de cartera en la forma que generarían las transacciones. El beneficio de volumen de nuestras transacciones con la que ellos administran para conseguir la mejor ejecución podría estar afectada’.

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF), indicó que endosaría la medida si se acogen ciertas recomendaciones. Por un lado, Ignacio Canto, tesorero del BGF, apuntó que dichos corredores traficantes deben cobrar sus comisiones y cargos iguales o menores al de otras instituciones, ‘lo que representaría un beneficio adicional para las carteras’.

De igual forma, el BGF rechazó que se requiera a las casas de corretaje de la Isla que en los anteriores tres años hayan empleado al menos a 10 personas residentes de Puerto Rico. A su entender de esta manera ‘la implementación de la medida representaría un incentivo para promover la entrada de casas de corretaje al mercado local, lo cual cumple con la intención legislativa de aumentar la competencia’.

Para Rubén Méndez Benabe, principal oficial operativo de BGF, siempre debe quedar como obligación que las transacciones realizadas sean dentro de un marco competitivo en el mercado, siguiendo los parámetros de ‘mejor ejecución y mejor precio’.

Asimismo, Héctor Mayol Kauffmann, administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura (ASR), señaló que ‘la aprobación de legislación para fomentar el uso de Traficantes-Corredores domiciliados en Puerto Rico, debe estar condicionada a que las transacciones se realicen bajo los términos competitivos en el mercado, sobre todo, en cuando a dos factores: mejor precio y mejor ejecución’.

Por otra parte, Mayol Kauffmann, determinó que no se le debería requerir que el 50 por ciento de las transacciones sean mediante corredores traficantes locales, porque en aras de cumplir con el requerimiento puede que se realicen movidas ‘bajo términos desfavorables, que podrían afectar negativamente el mejor rendimiento de las inversiones’.