Si usted o un familiar caen en una redada, y un policía celebra el operativo como ‘exitoso’, alardeando de que se impusieron fianzas, sepa que lo que está diciendo es que la fianza es un castigo y está presumiendo que el arrestado es culpable.
Pero la libertad bajo fianza no es un castigo, sino un derecho civil, así como la presunción de inocencia, el sufragio y la libertad de culto, entre otros. Y una de las mejores maneras para defenderse del Estado es que los ciudadanos sepan cuáles son estas protecciones legales.
El 50.2% de los puertorriqueños, sin embargo, no puede mencionar un solo derecho civil, ni el 58% un derecho humano. Eso indica una encuesta llevada a cabo por estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados, Amnistía Internacional y abogados de la Comisión de Derechos Civiles.
El objetivo del grupo: educar sobre esos derechos y actualizar el último estudio que se hizo sobre este tema en 1959, explicó al Centro de Periodismo Investigativo uno de los organizadores de la encuesta, el abogado Osvaldo Burgos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, y ex director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
El estudio anterior fue hecho a petición del entonces gobernador Luis Muñoz Marín, preocupado porque los boricuas desconocían el tema. Eso a pesar de que ya habían pasado siete años desde la creación de la Carta de Derechos, que reconoce las garantías fundamentales de los individuos frente al Estado. En aquel momento, el 47% de la ciudadanía no podía mencionar un solo derecho civil.
Hoy el 50.2% no pudo mencionar un derecho, lo que quiere decir que la gente los conoce menos. ‘Eso te demuestra que la preocupación que tenía el gobernador Luis Muñoz Marín está vigente y ahora estaría más preocupado’, añadió Burgos. ‘Al Estado actual le conviene mantener a la gente ignorante sobre los derechos. En la medida que un ciudadano no los conoce no los va a reclamar. Esto no es casualidad, es intencional. Tener ese desconocimiento y un gobierno como este es una mezcla fatal’.
La encuesta surge tres meses después de que el Departamento de Justicia federal publicara un informe que acusaba a la Policía de Puerto Rico de violar derechos civiles y de hacer sistemáticamente registros ilegales o uso excesivo de la fuerza, que resultaron en cientos de heridas y muertes de ciudadanos.
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