La presidenta de la Comisión cameral de Sistemas de Retiro del Servicio Público, Lourdes Ramos, reaccionó airada ante la negativa del presidente de la Asamblea de Delegados de la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, José A. González Hernández, de contestar preguntas del organismo legislativo que investiga a la entidad, de la que sostuvo, es pública.

El deponente sólo respondió dos preguntas relacionadas a los cargos que ocupó en la otrora Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA): delegado en el 1999 y macero en el 2003.

La Comisión realiza una pesquisa sobre el procedimiento que se siguió en las elecciones de AEELA para escoger a sus delegados y la nueva Junta de Directores.

‘Yo vengo a cuestionar la forma en qué se hicieron las elecciones. Y también le dije un ejemplo, que fue el sector de municipios que se tiene que hacer un procedimiento para la elección de delegados del sector de municipios y se establece que tú lo vas a hacer cuando el 75% de los municipios haya escogido sus delegados, lo hicieron cuando estaba el 42%, le coartaron el derecho a los demás municipios y escogieron unas personas de forma ilegal’, dijo Ramos airada.

De acuerdo con la legisladora, además del sector de los municipios, hay controversias pendientes de solución en el sector como el de los pensionados que no han votado.

‘Si él fuera un presidente responsable, él se tenía que ocupar de verificar si el procedimiento para elegir los delegados de los municipios fue uno correcto, lo valida, si fue incorrecto corregir’, indicó Ramos, quien no descartó acudir a los tribunales para que se le ordene que conteste las interrogantes de la Legislatura.

Dijo que hay personas que se querellaron de que no fueron citados a votar por los delegados y los miembros de la Junta de Directores.

Ramos criticó el gasto de casi $25,000 de los asociados en la asamblea celebrada en un hotel de la capital.

La representante aseguró que la AEELA no es una entidad privada como alegan sus directivos. Recordó que los asociados son empleados públicos que cotizan al Sistema de Retiro, lo que hace a la entidad una pública que tiene que rendir cuentas a la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.

‘Esto es una organización que fue creada por ley y esos son fondos públicos. Están cobijados por la Ley del Contralor y por Ética Gubernamental’, sostuvo.