Los puntos principales del informe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal sobre la Policía de Puerto Rico (PPR).

-Los agentes cometen un patrón y práctica de: uso de fuerza excesiva en violación de la Cuarta Enmienda (prohibición de registros irrazonables); uso de fuerza irrazonable y otra mala conducta dirigida a suprimir el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda; registros e incautaciones ilegales en violación de la Cuarta Enmienda.

-Las violaciones constitucionales que descubrimos son persistentes y afectan todos los niveles de la PPR.

-El asombroso nivel de crimen y corrupción dentro de la PPR debe ser atendido de manera sistémica.

-Las políticas (normas) son incapaces de guiar a los agentes en el uso de prácticas policiacas legales.

-El adiestramiento de campo previo al servicio policiaco es insuficiente.

-El adiestramiento durante el servicio policiaco es virtualmente inexistente.

-No hay supervisión externa sobre el adiestramiento y estándares de los agentes.

-A las unidades tácticas se les ha sido permitido desarrollar subculturas violentas.

-Las investigaciones internas toman años en completarse.

-La disciplina es seriamente deficiente.

-Sistema de manejo de riesgo inoperante.

-Los esfuerzos previos para reformar a la PPR han sido esporádicos y superficiales, frecuente generados por reclamos públicos en reacción al evento trágico más reciente.

Conclusión del informe:

Los patrones y prácticas de violaciones de derechos civiles que identificamos son profundos. Son el resultado de crónicas deficiencias institucionales y sistémicas, que directamente contribuyen a las repetidas violaciones a la Constitución y la ley federal. Actualmente, la PPR no le provee a sus agentes el adiestramiento, orientación, disciplina y supervisión adecuada o suficiente. Como resultado, la PPR falla tanto en dotar a sus agentes con las destrezas requeridas para servir efectivamente al pueblo, como en atender actos de mala conducta policiaca de una manera oportuna y efectiva. La existencia de políticas policiacas obsoletas y la falta de una supervisión externa eficaz agravan la incapacidad de la PPR de proveer servicios policiacos constitucionales y contribuye a la existencia de violaciones continuas, las cuales erosionan la confianza del público.

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