Aunque reconoció que la decisión de la jueza Inés Rivera Aquino, del tribunal de Carolina, en un caso de violencia doméstica ha sido fuertemente criticada, incluso por el gobernador Luis Fortuño, por la proyección de impunidad que podría percibir el pueblo, la administradora de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez, admitió que tiene las manos atadas porque su dependencia no tiene la facultad de revisar decisiones judiciales.

De esa manera, la funcionaria dejó claro que no puede acceder a un pedido de la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, para que se tomen medidas contra la jueza.

‘Yo lo que entiendo es que en este tipo de caso que, sin lugar a dudas, ha sido una decisión que no ha gozado del favor del público, ni de la Procuradora, ni de la fiscalía, hay unos mecanismos y unos remedios que existen en derecho que es importante utilizar’, destacó Vélez en un aparte con periodistas.

La Administradora de los Tribunales recordó que el ministerio público puede solicitar una reconsideración a la jueza, solicitar agravantes y pedir una revisión al Tribunal de Apelaciones y luego al Supremo.

‘La Oficina de Administración de los Tribunales y la Oficina de Asuntos Legales (de la Rama Judicial), conforme a las reglas de disciplina judicial no evalúa, ni examina la corrección o no de las determinaciones de los jueces. Eso va por el trámite judicial, por el proceso apelativo o por el proceso en sala de las posibles reconsideraciones’, sostuvo.

Indicó, no obstante, que si la OAT recibiese evidencia de que la jueza pudo haber incurrido en una violación a algún canon de la ética judicial, entonces sí podrían iniciar una evaluación de su determinación.

Vélez reconoció que muchas veces las determinaciones ‘no son simpáticas públicamente’ ante la preocupación genuina que hay en el país por el aumento en los casos de violencia doméstica, que en lo que va de año ha cobrado la vida de 21 mujeres.

‘Esperamos que las determinaciones judiciales sean afines y puedan atender ese malestar social que hay, pero sin lugar a dudas las determinaciones judiciales sólo pueden responder a la prueba que se recibe en este caso. Los jueces y las juezas tienen que ser responsables y resolver conforme a la prueba que se recibe, al derecho y a la conciencia de cada cual’, destacó Vélez.

La procuradora Vázquez, ex fiscal de Bayamón, opinó que la jueza Inés Rivera Aquino se apartó del derecho al resolver el caso y exigió a la OAT a que asuma su responsabilidad.

La jueza Rivera Aquino, del tribunal de Carolina, decidió limitar la sentencia contra un hombre que asesinó golpeando con un tubo a su esposa a un cargo por ‘ homicidio atenuado’, lo que levantó indignación por la prueba sometida y la propia declaración del imputado, Leslie Javier Álvarez.

‘Los jueces administradores no se pueden circunscribir a ser jueces de estadísticas y cuántos casos cerramos este mes. Si yo sé que un juez me está aplicando el derecho incorrectamente, pues yo lo siento y le digo mira cómo fue que tú resolviste eso, eso no aplica porque qué demuestran, demuestran desconocimiento (de la ley)’, destacó.

La Procuradora fue enfática en pedir al pueblo que ‘se levante y que levante su voz en contra de estas determinaciones injustas que tienen el propósito de crear la idea de que no hay justicia para las víctimas de violencia doméstica’.