Ninguna de las partes quedó complacida hoy con la decisión del juez federal José A. Fusté en el caso de Adjuntas que ordena el embargo de las cuentas municipales e incluso la venta de sus propiedades en subasta pública de ser necesario para pagar la millonaria deuda del ayuntamiento por discrimen político.

Y, aunque se desconocen aún el alcance y consecuencias que tendrá la medida para los adjunteños, el asesor legal del municipio Roberto Mejill, informó a la prensa a su salida de la corte que el dinero de Adjuntas por medio del Fondo General no sería embargado.

A la cuatro de la tarde, tras un espacio de más de dos horas de receso y reuniones, Fusté ordenó el embargo de las cuentas de Adjuntas en el Banco Gubernamental de Fomento que eran destinadas para Obras y Mejoras, y de esta manera saldar la deuda correspondiente a una sentencia en favor de 62 empleados por discrimen político debido a que fueron despedidos injustificadamente por el ex alcalde Roberto Vera.

Al no lograr que las partes quisieran firmaran un acuerdo preliminar al que se había llegado en horas de la mañana, Fusté emitió la orden para que con dichos fondos se desembolsen los $4,025,000 que debe el municipio eliminando los intereses.

Ante esto, el alcalde Jaime Barlucea expuso que si bien con dicha orden se reduce la deuda que era de $6.5 millones, varios proyectos -algunos ya en etapa de subasta- se verían afectados y habría que buscar cómo identificar nuevos fondos.

Del mismo modo, detalló que sus objeciones con firmar el documento del acuerdo eran porque en el mismo se estipulaba que él se haría responsable del pago de la deuda por un periodo de 25 años, responsabilidad que, a su juicio, no debe de recaer en su persona sino en la posición de alcalde.

También tenía reparos de que hubiera alguna penalidad para el municipio si no se cumplía con el acuerdo, dado que muchas veces el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales se demoran en realizar los desembolsos correspondientes al ayuntamiento, y al hecho de que el que el juez no permitiera que se utilizara la asignación de $1 millón otorgada por la Legislatura para pagar la deuda.

Por otro parte, a su salida del Tribunal Federal, el abogado de los demandantes, Israel Roldán manifestó que sus objeciones eran por el hecho de que se eximiera al Municipio del pago de los intereses que rondaba los $2 millones.

En sala le indicó a Fusté que tenía que hablar con sus clientes para ver si estaba de acuerdo, pero el juez le aclaró que él podía emitir la orden y no tenía que tener el aval de los demandantes. Ante los cuestionamientos de los periodistas, Roldán se defendió de los comentarios de Fusté durante la mañana aludiendo que había presentado 16 mociones de desacato, que solo se han efectuado 8 vistas, y que la posición del juez puede ser porque no presentó una moción para que se embargara las cuentas del municipio.

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