El Gobierno reconoció la efectividad a medias que se ha conseguido con el proyecto ‘red nacional de cámaras’, implantado desde la pasada administración de Aníbal Acevedo Vilá y al que el actual gobierno le da seguimiento a cuenta gotas.

El secretario de la Vivienda, Miguel Hernández Vivoni, reconoció a NotiCel que ‘bastantes’ equipos han sido vandalizados en los residenciales públicos y que sólo ‘algunos han sido repuestos’, además de que entre los residentes existe la percepción de que ‘los están persiguiendo y criminalizando’.

Según Hernández Vivoni,quien también es administrador interino de Vivienda Pública, las cámaras han sido efectivas en el esclarecimiento de algunos casos y han ayudado areducir incidentes criminales como robos, homicidios y narcotráfico en las áreas donde están ubicadas. Admitió, no obstante, queesos actospudieran continuar ocurriendo en las áreas de esos residenciales donde no hay cámaras.

Detalló que de los 30 residenciales que esperaban impactar inicialmente con el proyecto, sólo se han logrado instalar 500 cámaras en 24 de esos complejos de vivienda pública. Para este proyectofueron escogidos los residenciales de mayor incidencia criminal en San Juan, Ponce, Arecibo, Guayama, Carolina, Bayamón y Fajardo.

Sobre la cantidad exacta de cámaras instaladasy la cifra de las que han sido vandalizadas, se negó a ofrecer información aduciendo a la investigación federal que se sigue por la explosión ocurrida hace unas semanas en el cuarto de monitoreo de las cámaras del residencial Ernesto Ramos Antonini de Río Piedras. Aseguró que, por razones de seguridad, le han pedido ‘ser cuidadoso’ con la información que divulga.

Tampoco quiso contestar si ya se sabe quiénesson los autores de ese acto vandálico y si en efectoson residentes. Sólo se limitó a decir que ‘eso te lo puede contestar las agencias federales’, en referencia al FBI, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Administración de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).

Precisó que, además del residencial Ernesto Ramos Antonini, también hubo vandalismo en elcuarto de monitoreo del residencial Torre de Sabana en Carolina. Entre los daños causados, mencionó que le han cortado los cables que conectan con el centro de monitoreoy le han pintado los lentes.

Aunque no pudo precisar con qué frecuencia ocurren los actos vandálicos a estos dispositivos instalados en residenciales públicos, sí sostuvo quese registrandesde queinició el programa. Tampoco pudo decir cuántas han sido vandalizadas y cuántas de las que han sido remplazadas, han vuelto a sufrir daños.

Hasta diciembre de 2009, la compañía Avant Technologies fungía como el suplidor de los equipos. Ahora están en espera de que la propuesta se adjudique a un nuevo contratista.

El costo de cada cámara puede fluctuar entre los $500 y los $2,000. Hasta este momento, el Gobierno ha invertido unos 10 millones de dólares en la implantación del proyecto, incluyendo los equipos reemplazados.

Hernández Vivoni dijo confiar que $2 millones sean suficientes para extender el sistemaa los otros seis residenciales que están en agenda desde el inicio del proyecto y remplazar los equipos vandalizados que no han podido ser cambiados.

El Centro de Periodismo Investigativo publicó una