La Asociación de Navieros de Puerto Rico lamentó hoy que el Gobierno haya ‘puesto en entredicho’ la labor que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indicando que sus esfuerzos no dan resultados.

Según el presidente de la Asociación, Hernán Ayala, la opinión del Gobierno sólo tiene el ‘propósito de asegurar un contrato a Rapiscan’ de $21 millones.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, José Nazario, señaló que ‘la realidad es que los muelles están en control del gobierno federal, y que son ellos con la data e inteligencia que utilizan, los que en realidad están ávidos para distinguir la carga de alto riesgo, como en el caso de hoy. Pero lo más importante, es que además de que hacen un trabajo extraordinario, lo hacen sin cobrar por el servicio, como desean imponer aquí, afectando el bolsillo de la gente’.

Por otra parte, la defensa del gobierno de que los furgones se van a inspeccionar a través de radiografías de maquinas electrónicas para velar por la seguridad y evitar la entrada de armas ilegales se hizo sal y agua la semana pasada luego que NotiCel corroboró que la propia Autoridad de los Puertos habilitó dos carriles -uno para inspeccionar y otro para no pasar por la máquina- para evitar el ataponamiento durante la salida de camiones con carga desde Isla Grande.

La máquina para sacar radiografías de los furgones ya está instalada y ya se realizan pruebas luego que la compañía de arrastre Crowley llegó a un acuerdo extrajudicial con Puertos para que se inspeccionen algunos contenedores, informó Ayala.

NotiCel observó la máquina de la empresa S2 Services Puerto Rico y Rapiscan y los dos letreros que especifican que el carril A es para los furgones que pasarán por ella y el del carril B que permite que los camiones de arrastre pasen por el lado sin ser inspeccionados.

‘Esto es demasiado caro para lo que se quiere resolver’, dijo Ayala, quien recibió copia del contrato entre la empresa S2 Services Puerto Rico y Puertos que obra en la Oficina del Contralor, pero el documento no estaba acompañado de la propuesta específica de costos que presentó la corporación al gobierno.

Ayala afirmó que este proyecto se implementó sin realizar ‘un estudio de riesgo en el puerto’ como requieren la Guardia Costanera y Homeland Security y sin consultar a las partes que se iban ver afectadas con la implementación del presunto plan de seguridad.

‘Lamentablemente no hubo la planificación, se otorga el contrato y empiezan unas reuniones de logística para entonces planificar la logística. O sea, aquí se pone la carreta al frente de los bueyes’, indicó el presidente de la Asociación de Navieros, que tiene 30 miembros.

‘Aquí, lamentablemente, lo que se planificó fue el contrato, no se planificó el resto de la logística y el programa que iba detrás de este proceso’, deploró Ayala, quien destacó que ya se inspeccionan furgones dependiendo de su procedencia.

Recordó que antes de que un furgón internacional sea cargado para entrar a Estados Unidos el exportador tiene que preparar una forma del origen, quién lo carga y qué tipo de mercancía es la que va a entrar y Aduana Federal desde ese momento ya sabe que es lo que va a recibir y puede hasta detener cualquier proceso de carga en el momento en que reciben esa información.

NotiCel recibió copia de un informe de necesidades del puerto de San Juan preparado por la propia Autoridad de Puertos en noviembre de 2008 en el que ‘nunca se habló de ‘conteiner scanning’ para proteger la seguridad de Puerto Rico’.

Ese informe recomendó una serie de medidas que ya se implantaron con fondos federales como renovación de verjas a todos los terminales y la instalación de circuitos de cámara para proteger la seguridad de los terminales, entre otras cosas que exigió el gobierno federal.

Por ello, para Ayala Rubio lo que está haciendo el gobierno es darle ‘un regalo’ de $21 millones anuales a la empresa Rapiscan.

‘Lamentablemente esto no se trata de seguridad. Esto se trata de garantizarle a una compañía un ingreso. Que fueron a una subasta, le aprobaron el contrato lo firmaron y ahora que el 30% de la carga internacional no la pueden inspeccionar porque es de jurisdicción federal, pues hay que pagarle a esta compañía’, afirmó

‘Cuando tú tienes información que ha salido en la prensa de que el que llegó segundo lugar estaba haciendo $135 millones por debajo del que quedó en primer lugar, pues definitivamente aquí el aspecto económico no se analizó mucho o no le dieron mucho peso porque cómo puede haber una diferencia tan grande en equipo que hacen lo mismo’, añadió.

La carga internacional que llega a la isla es de aproximadamente 111,000 furgones de 380,000 que llegan anualmente, precisó.

El costo de ese contrato llegará al consumidor a través de la cadena de distribución.

Ayala recordó que el gobierno tiene conocimiento de que la General Accounting Office de Estados Unidos ya rindió un informe de que ‘el 100% de scanning se trató de hacer en cinco puertos alrededor del mundo y no se pudo’, por lo que esos planes se han ido posponiendo hasta el 2012 y evalúan la posibilidad de ni implantarlos porque prefieren el sistema actual de inspección.

Se alega que Andrés Guillemard, cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi, tiene un vínculo a las compañías S2 Services Puerto Rico y Rapiscan. Guillermard dijo a NotiCel que no tenía comentarios sobre el tema.

El líder de los navieros, Hernán Ayala, opina que el gobierno está regalandole $21 millones a Rapidscan y cuestionó la subasta.(Manuel E. Rivera/NotiCel)