Esta segunda moción, según el líder cameral, Rafael "Tatito" Hernández es para darle otra oportunidad al Supremo de hacer "lo correcto".

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández Montañez radicó la segunda solicitud de reconsideración ante el Tribunal Supremo luego de que se declaró no ha lugar la primera petición presentada por la Cámara, donde el cuerpo legislativo defendía su demanda para invalidar el aumento salarial de los jueces.

Hernández Montañez ha dicho en varias ocasiones que va a defender lo que considera son los poderes de la Cámara de Representantes en los foros que sean pertinentes.

"Radicamos la segunda solicitud de reconsideración ante el pleno máximo del Tribunal Supremo para que tengan una segunda oportunidad de ver esta medida en los méritos y que se pueda defender la democracia puertorriqueña en nuestro sistema republicano de gobierno. Hay voluntad por parte de la Asamblea Legislativa de atender este proceso de la remuneración de los funcionarios constitucionales de forma responsable y como nosotros consideramos que es lo correcto como dispone la Constitución, legislándolo", expresó en conferencia de prensa Hernández Montañez.

"No es prudente, recomendable, ni positivo para el sistema republicano de gobierno, nuestra gobernanza, el que los poderes estén literalmente en un choque constitucional menoscabándose sus prerrogativas. En este caso, la esencial de la Cámara de Representantes que es el proceso fiscal, las asignaciones de presupuesto y el legislar los aumentos de salario a instituciones y posiciones del gobierno", continuó.

Historia relacionada: Victoria para los jueces en la batalla legal a favor de sus aumentos salariales

El pasado 2 de febrero el Supremo desestimó el recurso legal que había presentado la Cámara en un último intento porque no se validara la decisión del juez Anthony Cuevas Ramos, quien determinó que el incremento salarial de los jueces procedía.

El Alto Foro decidió que la Cámara no había “perfeccionado el recurso dentro del término jurisdiccional provisto”. Específicamente, no notificó a la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) cuando apeló la determinación de Cuevas Ramos ante el Tribunal de Apelaciones.

"La segunda moción de reconsideración es una cosa que solamente existe ante el Tribunal Supremo y con justa causa. Ya nosotros radicamos un alegato extenso en el cuál expusimos las razones por la notificación tardía a la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), ellos no son ni parte del procedimiento, solo fue añadida como parte de interés que tal cosa no existe en nuestro procedimiento civil. El Tribunal en su sentencia escogió no atender los méritos de esos planteamientos y simplemente utilizar el percibido efecto procesal para no entrar en los méritos del recurso", expresó el abogado de la Cámara, Jorge Martínez Luciano.

"En la primera moción de reconsideración, expusimos las razones por la cual el Tribunal no podía dejar de atender los méritos y ya en esta segunda moción, es para decirle al Tribunal que ya todo lo que se tenía que decir está dicho y esta es la última oportunidad que tiene el poder judicial de hacer lo correcto...", continuó.

Fue el 18 de enero, cuando el Tribunal Supremo decidió expedir la certificación con que paralizaba todos los procedimientos judiciales relacionados al aumento de salario de los jueces para finalmente decidir la controversia, que había sido planteada ante el Tribunal de Apelaciones.

Cuevas Ramos había resuelto que la aprobación del presupuesto del país en junio fue suficiente para dar paso al incremento salarial.

Historia relacionada: El incremento salarial a los jueces debe ser atendido en la Legislatura, dice Pierluisi

Estos aumentos van desde un 24% de incremento para llevar el salario del juez presidente a $154,556; 20% para llevar el de los jueces asociados a $144,480; 24% para llevar el de los jueces apelativos a $130,579; 32% para llevar el de los jueces superiores a $118,133 y 32% para llevar el de los jueces municipales a $91,764.

"Nosotros queremos que en la segunda moción de reconsideración se declare que aún si hubiese el defecto procesal que se imputa, es decir, el Tribunal tiene discreción para decidir si entran los méritos del recurso o no y han recibido esa discreción para no explicar como es que lo que se ha hecho está conforme a la Constitución. Como es que el poder legislativo, ha quedado privado de su prerrogativa principal de aprobar una ley especial para implementar un aumento salarial según lo exige la Constitución", sostuvo Martínez Luciano en defensa.

La disputa inicial, comienza una semana después de que el juez apelativo Ricardo Marrero Guerrero y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Inc. (APJ) reclamaran, en pleitos separados, que la Resolución Conjunta 39 de 2023 era el único instrumento legislativo que hacía falta para convertir en ley los aumentos en las escalas salariales de los jueces que se habían negociado entre gobierno, Junta y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT). Allí se aprobó una partida de $11.2 millones para los aumentos de los jueces si la Junta aprobaba las escalas salariales nuevas.

La resolución fue aprobada desde junio pasado como parte de la discusión del presupuesto del país, pero las demandas no surgieron hasta que el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, dijo que no iba a dar paso al Proyecto del Senado 1292 que enmienda la Ley de la Judicatura, que es la ley donde están especificados los salarios de los jueces.

Historia relacionada: Dalmau Santiago insiste con el proyecto de aumento salarial a los jueces

"Como aquí no hay nada más que añadir, en esta segunda moción, proveemos varios ejemplos extremos como por ejemplo: en el año 2016 cuando el gobernador García Padilla nombró a la jueza presidenta Oronoz hubo una disputa en los medios de que si le correspondía a los jueces del Tribunal Supremo designar quien iba a ser el juez presidente o lo hacía el gobernador...Y el Tribunal resolvió los méritos de esa controversia pese a que resolvió no tan solo que se notificó 48 horas tarde el recurso, sino que la persona que llevó el caso no tenía legitimación activa y sancionó al demandante por no tener una demanda frívola. Aún así, resolvieron los méritos...", indicó el abogado en defensa.

Mientras, Hernández Montañez cerró al conferencia de prensa haciendo un llamado a la prudencia.

"Nuestro llamado es uno de prudencia. Esta determinación si no se atiende los méritos, le haría un daño irreparable a los procesos gubernamentales, perdería certeza los procesos de legislación, las asignaciones de fondos, los procesos desde el punto de vista de negociación...Esto afecta la operación de la Asamblea Legislativa y la certeza de la gobernanza", concluyó.

Historia relacionada: Juez demanda para que gobierno aplique automáticamente aumento a su salario