Por éste cuestionar públicamente la decisión que emitió el juez Anthony Cuevas Ramos en la demanda de injuction preliminar sometida por la representante Lisie Burgos Muñíz, por el uso de mascarilla, según el decreto cameral.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, llamó a la atención el martes, al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, por éste cuestionar públicamente la decisión que emitió el juez Anthony Cuevas Ramos en la demanda de injuction preliminar sometida por la representante Lisie Burgos Muñíz, por el uso de mascarilla, según el decreto cameral.

“Durante las pasadas semanas el Presidente de la Cámara de Representantes ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones judiciales. Ello es legítimo en una sociedad democrática. Sin embargo, cuestionar decisiones descontextualizadas de los trámites y hechos procesales o a base de imputaciones de represalias no abona al fortalecimiento de las instituciones de justicia. Por el contrario, desacreditar a jueces y juezas de cualquier foro judicial por la inconformidad que le genera una decisión contraria a sus pretensiones —como las expresiones formuladas hoy— no solo es desafortunado, sino que genera una honda preocupación sobre todo por el cargo público que ocupa quien las emite, y como mínimo motiva un llamado a la cautela para evitar menoscabar la confianza en la judicatura”, dijo Oronoz Rodríguez en declaraciones escritas.

“Nuestros jueces y juezas buscan resolver casos y controversias a la luz del derecho y de la prueba que se les presenta, garantizando la igualdad ante el sistema de justicia de toda persona que acude ante el Tribunal para vindicar sus derechos”, añadió.

“Como líder de la Cámara de Representantes, exhorto al Presidente a que impulse medidas para garantizar la estabilidad y la seguridad de la judicatura puertorriqueña, y a que tome en consideración el rol fundamental de la independencia judicial en nuestro sistema democrático de gobierno”, concluyó.

Hernández Montañez arremetió el martes, contra el juez Anthony Cuevas Ramos por no dejar expresar a la Cámara de Representantes, antes de conceder una demanda presentada por la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñíz, tras el decreto de uso de mascarilla en la Cámara baja.

“Tengo que considerar, y esto es una opinión mía, personal, que la decisión del juez fue una represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo con el choque de poderes de la Cámara de Representantes y la Judicatura. Esa es la única razón por la que el juez, otra vez, no ve en los méritos una controversia de la Cámara, sencillamente adjudica sin darle oportunidad a las partes de hacer su planteamiento”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa virtual.

“Voy a ser sincero en esto, no considero que fue prudente lo que hizo el juez Cuevas en adjudicar el interdicto preliminar sin darle la oportunidad a la Cámara a expresarse”, añadió.

Insistió en su decreto. “Sencillamente estamos siendo preventivos. Nuestra aspiración es que estos números bajen y continuaremos nuestros trabajos como siempre”.

El juez Cuevas Ramos citó para una vista de seguimiento para este viernes, en la que Hernández Montañez afirmó que comparecerá.

En ese sentido, el representante legal de la Cámara de Representantes, licenciado Jorge Martínez Luciano expresó: “en efecto vamos a comparecer. Ciertamente, quien tiene el peso de la prueba es la legisladora, pero en esencia, vamos a plantear que no se ha restringido el acceso de la legisladora, como dice ella en la demanda, al Hemiciclo y a las comisiones y a su trabajo legislativo, sencillamente se ha impuesto una condición ante una emergencia de salud. Y lo que hay que atender, no verdad, el caso no se debe enfocar como un caso de exclusión de una legisladora de los procesos, sino que hay que sopesar los intereses en juego para ver si es una restricción válida que, de hecho, hasta donde tenemos entendido, el único miembro de la Cámara, de 51 representantes, que objeta a la medida temporera del uso de mascarilla, es la representante Burgos”.

“Ciertamente, de la faz de la demanda, ella no cita ninguna fuente de derecho vinculante, ninguna decisión del Tribunal Supremo, ninguna legislación que le ampare o que haga inválida la restricción del uso de mascarilla, cuando se considera que existe un aumento en contagio. Por el contrario, eso lo venimos viviendo desde el 2020”, añadió.

El presidente cameral no especificó cuántos casos existen de COVID-19, sin embargo, mencionó que los mismos sobrepasan los 24 casos positivos, e incluye a familiares de empleados de ese cuerpo legislativo. Tampoco se han reportado muertes asociadas al COVID-19 en la Cámara de Representantes.

Aun así, se mantiene la suspensión de los trabajos legislativos hasta el 4 de marzo de 2024. Todo lo demás, se realizará de manera virtual.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos le ordenó al presidente de la Cámara de Representantes, cesar y desistir de la imposición del uso de la mascarilla en El Capitolio, como parte de la demanda radicada por la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

“Al analizar los hechos alegados en este caso, entendemos que, de no ordenarse de inmediato a los demandados que cesen y desistan de su actuación, se estaría interfiriendo con la función constitucional de la demandante de representar a sus constituyentes descargando su deber ministerial de deliberar y votar por las medidas del día. Tratándose de la única portavoz cameral del partido político, Proyecto Dignidad, este Tribunal entiende que se ocasionaría un grave daño irreparable no actuar en este momento emitiendo la presente Orden de entredicho provisional para ordenar el cese y desista de prohibirle el acceso al Hemiciclo de la cámara y a otras áreas que necesite entrar para llevar a cabo todas sus prerrogativas constitucionales”, dijo en su sentencia el juez Cuevas Ramos.

“Por lo cual, le ordenamos a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su Presidente, Rafael Hernández Montañez, Manuel Díaz Espino, Luis Ramos Rivera y licenciado Javier Gómez Cruz, o a cualquiera de sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as) y abogados o abogadas y/o aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir, con las prerrogativas legislativas, prohibiéndole a la Representante de la Cámara Lisie J Burgos Muñíz, el ingreso a las facilidades de la Cámara, incluyendo Hemiciclo, Salones de Sesiones y todo lugar a la que ésta necesite acceder para ejercer sus funciones legislativas, condicionándolo al uso de mascarillas, so pena de desacato, mientras dilucidamos los méritos de la demanda en la vista interdictal”, añadió.

La semana pasada, se emitió una directriz, que luego se convirtió en Orden Administrativa, que obligaba por todo el mes de febrero el uso de mascarillas en la Cámara de Representantes.

Burgos Muñiz fue sacada del Hemiciclo por negarse a usar mascarilla, lo que provocó la demanda.