Los dos jueces que atienden vistas preliminares en la Región Judicial de Ponce se han inhibido de atender el caso del alcalde suspendido de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón.

En un momento en que ya se conocía que era inminente la radicación de cargos criminales en su contra, el ahora alcalde suspendido de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, contrató en el municipio al esposo de una jueza con enormes probabilidades de atender a vista preliminar en su contra.

Ahora esa jueza, Lizandra Avilés Mendoza, se inhibió de atender la vista, por lo que ya los únicos dos jueces de la región de Ponce que manejan ese tipo de proceso están inhibidos y todavía no se sabe quién presidirá la vista preliminar contra Irizarry Pabón pautada para el 14 de marzo.

Las inhibiciones de los jueces Avilés Mendoza y Rubén Serrano Santiago dejan el terreno abierto para lo que ha sido la intención de Irizarry Pabón y de su representación legal, sacar el caso de la Región Judicial de Ponce y atenderlo en otra, probablemente San Juan.

El lunes, la jueza Avilés Mendoza se inhibió sin que nadie lo pidiera porque “desde el mes de septiembre de 2023 (mi esposo) fue contratado por el Municipio Autónomo de Ponce para brindar asesoramiento legal al Alcalde y al Secretario Municipal. “La relación abogado cliente entre el imputado y mi esposo puede arrojar dudas sobre la imparcialidad al adjudicar y puede minar la confianza pública en el sistema de justicia”, añadió al subrayar que fue el alcalde el que “directamente solicitó los servicios de abogado de mi esposo”.

El esposo de la jueza, Nelson Torres Yordán, es exrepresentante, exalcalde de Guayanilla y ahora cabildero. La relación contractual que mencionó Avilés Mendoza no consta en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor ni bajo los servicios legales del municipio ni bajo el nombre de Torres Yordán.

El viernes pasado, el juez Serrano Santiago dictó que Irizarry Pabón y sus abogados habían sometido datos falsos en una solicitud de inhibición que le presentaron y rehusó inhibirse por esas alegaciones. Pero sí resolvió inhibirse “para evitar más dilaciones y complicaciones innecesarias en este caso”. Serrano Santiago ya había denegado la petición de sacar el proceso fuera de la Región Judicial de Ponce.

Mediante declaración jurada suscrita por Irizarry Pabón y en una moción firmada por dos de sus tres abogados, al juez Serrano Santiago se le había pedido la inhibición porque el imputado supuestamente había tuvo relaciones con un cuñado suyo en la corporación Ponce Advance Medical Group PSC entre 1998 y 2008, siendo ambos, el alcalde y el cuñado del juez, oficiales de la junta directiva de la corporación. Además, se alegó que el licenciado Pablo Colón Santiago había recomendado a la esposa del juez, Luz Dalisa Fraticelli Alvarado, en la solicitud de esta para ascenso a jueza superiora. Colón Santiago es el presidente del Partido Nuevo Progresista en Ponce y rival político del popular Irizarry Pabón.

Al resaltar la falsedad de las alegaciones sobre su imparcialidad, el juez Serrano Santiago afirmó que su esposa solo tiene una hermana y un hermano, ambos ingenieros, ninguno médico, ninguno vive en Ponce, ninguno tiene relaciones con el ayuntamiento de esa ciudad, ninguno conoce a Irizarry Pabón o han sido miembros de la corporación que se mencionó. Sobre Colón Santiago, quien es uno de los que aparece recomendando a la jueza en el informe de nombramiento en ascenso del Senado, el juez explicó las facultades investigativas que las tres ramas de gobierno activan de manera independiente cuando se va a ascender a un juez y que el matrimonio no conoce, trata, se relaciona ni coincide con Colón Santiago fuera del tribunal en las funciones oficiales de cada cual.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente procesa a Irizarry Pabón por cargos de enriquecimiento ilícito y violaciones a la Ley de Ética que se habrían configurado cuando el alcalde suspendido le pidió a un grupo de empleados que le pagaran un préstamo que había tomado para ayudar a financiar su campaña primeriza en 2020.

La decisión de Irizarry Pabón de buscar impugnar al juez y de sacar el caso a otra región provocaron que la vista fuera señalada para mediados de marzo, dos semanas después de la fecha de expiración del acuerdo político mediante el que el Partido Popular Democrático le había permitido presentarse a la reelección.

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