El juez Rubén Serrano Santiago denegó moción de traslado solicitada por la defensa del alcalde, para que el juicio se atendiera en otra región judicial.

La vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pabón, quien enfrenta cargos por violación a la Ética Gubernamental y enriquecimiento injustificado, quedó en suspenso hoy después de que un juez denegara su solicitud para que la materia se atendiera fuera de la Región Judicial de Ponce.

El juez Rubén Serrano Santiago denegó moción de traslado solicitada por la defensa del alcalde y señaló vista de seguimiento para el 1 de febrero.

La suspensión se produjo para dar tiempo a que el tribunal emita su determinación por escrito y el acusado recurra al apelativo si quiere. Posteriormente se fijará una fecha para el inicio de vista preliminar por dos cargos por violación al Art. 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental y otros dos cargos por violación al Art. 251 del Código Penal, relacionados a un esquema para que empleados municipales repagaran una deuda de campaña del ejecutivo, quien está suspendido de su cargo.

La defensa de Irizarry Pabón, José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Carlos Torres Nolasco, sometió la moción el jueves estableciendo que el cargo que ocupa su cliente, el que su contendor político es un abogado criminalista practicante en ese tribunal y el que el caso es parte de la discusión política debe ser suficiente para ordenar el traslado.

“No cabe duda de que la relación de imputado con la Región Judicial de Ponce, al haberse desempeñado como alcalde del Municipio de Ponce por los pasados tres años y ser actualmente candidato a la reelección, junto al hecho de que su principal contendiente lo es un abogado ampliamente relacionado y reconocido en el Tribunal de Ponce que se encuentra activamente litigando en dicho foro, puede crear en el público una imagen incorrecta que sin duda puede afectar la confianza pública que debe prevalecer en nuestro sistema de justicia. Además, muchos de los empleados y funcionarios que actualmente trabajan en la Región Judicial de Ponce han trabajado o han tenido relación con el Municipio de Ponce, o han tenido una relación personal o profesional con el imputado o con sus familiares o con el Lcdo. Pablo Colón Santiago, quien también ha recomendado y servido de referencia en algunos nombramientos o renominaciones de jueces de la Región Judicial de Ponce. Ello se agrava aún más si tomamos en consideración que estamos en un año electoral y que el presente caso será central en el debate político partidista en la comunidad ponceña y entre el imputado y el Lcdo. Colón Santiago”, dice la moción.

Por su parte, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente se opuso señalando que el traslado sería en etapa de juicio, no vista preliminar, y que ni se habían presentado hechos específicos para justificar el traslado ni se había juramentado la petición.

“No existe ningún hecho o situación que pueda arrojar la más mínima impresión de parcialidad en este caso, ni del juzgador ni de empleados o funcionarios de la región judicial de Ponce. Este tipo de expresión y argumento hechos en el vacío y sin ninguna evidencia tienden a arrojar sombras a la credibilidad e integridad de nuestro sistema de justicia de una forma viciosa y que se aparta del comportamiento ético que exige nuestra profesión. La defensa no ha establecido de ninguna forma algún criterio de los que se exige en nuestro estado de derecho para justificar tomar una medida tan extraordinaria en este caso como lo es un traslado. Por el contrario, han apoyado su petición en especulaciones, señalamientos inapropiados, alegaciones de parcialidad y consideraciones políticas que son impertinentes a la petición que hacen”, plantearon las fiscales Zulma Fúster Troche, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata Doria.

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