El juez en el proceso contra los acusados de matar al ejecutivo del banco Doral no dio paso a una citación para que la viuda compareciera como testigo de defensa y, por un evento separado, acusado principal pide anulación del proceso.

El juicio federal con el que se pretende aclarar la muerte del banquero Maurice Spagnoletti se movió a su fase de presentación de prueba por parte de los acusados, pero el juez Francisco Besosa le eliminó a la defensa la que sería probablemente su principal testigo al cancelar la citación que habían emitido para que la viuda, Marisa Spagnoletti, volviera al banquillo a declarar.

La viuda compareció como testigo de fiscalía el 17 de abril en una intervención corta, dramática y limitada exclusivamente a identificar a uno de los acusados, Yadiel “Motombo” Serrano Canales, como el individuo que la acechó en tres ocasiones durante los días previos al asesinato de su esposo el 15 de junio de 2011. En 2011, la mujer no le dijo a nadie, ni a su esposo, sobre las tres veces que el acusado supuestamente la siguió. Se lo dijo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 2015 porque lo había reconocido por la publicación de su foto debido a que ese año fue arrestado por un caso separado.

En 2013, sin embargo, Marisa y su hija, Lucy, sometieron una demanda civil contra exejecutivos del banco Doral responsabilizándolos por la muerte de su esposo y sin mencionar haber sido víctima de acecho por una tercera persona. Esa demanda fue retirada antes de que llegara a juicio o descubrimiento de prueba. El documento contenía explicaciones de cómo el trabajo de Spagnoletti de enderezar las finanzas y operaciones del banco perjudicaba en situaciones específicas a los principales ejecutivos.

Se presumía que los abogados de defensa querían que la testigo contestara preguntas sobre su demanda y sobre las relaciones de otros ejecutivos con su esposo para exponer al jurado por qué ella creía que esas personas, y no necesariamente los acusados, estaban detrás de la matanza. Antes del juicio, la fiscalía había pedido al juez que evitara que los abogados usaran la demanda civil para impugnar el testimonio de la viuda. Durante el contrainterrogatorio, el juez sostuvo objeciones de la fiscalía a preguntas de la defensa sobre si Spagnoletti sentía molestia por la presencia de ejecutivos del banco en una fiesta días antes de su muerte, aún cuando la propia viuda había enfatizado que esos ejecutivos habían “insistido” en estar en la fiesta que originalmente sería solo de la pareja porque era por motivo de su aniversario.

Con su orden prohibiendo que Marisa vuelva al juicio como testigo de defensa, el jurado se queda con un testimonio que solo señaló a uno de los acusados como acechándola, pero no conectó a este con el asesinato. De hecho, en su testimonio la viuda no mencionó a ninguno de los demás acusados ni conectó a nadie con la muerte de su esposo.

La presentación de prueba por parte de los fiscales Víctor Acevedo Hernández, Kelly Zenón Matos, Gregory Bennett Conner, Alberto López Rocafort y Dennise Longo Quiñones terminó el jueves tras 17 días de juicio y 48 testigos.

La defensa comenzaría a presentar su prueba el lunes teniendo el juez pendiente una solicitud que hizo el viernes en la tarde el licenciado Leonardo Aldridge Kontos, representante del acusado Rolando Rivera Solis, para anular el proceso por actuación impropia de la fiscalía que sostiene es incurable por su efecto contaminante para el jurado.

Según la moción de anulación, que la fiscalía debe contestar para el martes, el miércoles pasado durante el interrogatorio al testigo Oscar Amador Ramírez, la fiscalía le preguntó si era ilegal matar a alguien para evitar pagar una reclamación en un juicio civil. Esto porque Amador Ramírez fue abogado de Luis de la Cruz Martínez, una persona a quien Rivera Solis le debía dinero y que fue asesinada después de que el tribunal fallara a su favor y en contra del acusado. La muerte de De la Cruz Martínez no está incluida en el pliego acusatorio federal.

“La única razón por la que el fiscal hizo esta pregunta fue para plantar en la mente de los jurados la inferencia de que Rivera Solís mató a una parte opuesta en un litigio civil para evitar pagar la sentencia. No se presentó ni una scintilla de evidencia para sostener esa inferencia. Por tanto, la pregunta del fiscal es aún más problemática. Esta pregunta inevitablemente contaminó al jurado y el daño que hizo no se puede curar con una instrucción (para que la descarten). Fue una pregunta diseñada para inflamar las emociones de los jurados y representó la creencia del fiscal sobre la culpabilidad del acusado”, argumentó Aldridge Kontos.

Tras la culminación de la presentación de la prueba del estado el jueves, y como es rutinario, los abogados pidieron al juez la desestimación de cargos y absolución de sus clientes con el argumento de que la fiscalía no probó los elementos de los delitos. El juez denegó las mociones orales que los abogados hicieron en sala y, consecuentemente, dispuso de igual manera las que sometieron por escrito para consignar sus argumentos.

En lo que puede ser un adelanto de sus argumentos finales al jurado, los abogados coincidieron en señalar en sus mociones que la prueba de fiscalía es imprecisa y falló en colocar claramente a sus clientes en la comisión de los delitos imputados. Los cargos son conspiración para traficar drogas, posesión de un arma de fuego con relación a esa conspiración, el asesinato de William Castro Vidot y René Cruz Cuadrado y el de Spagnoletti. Pero no todos los acusados enfrentan todos los cargos. La muerte de Spagnoletti está imputada solo a Rivera Solís, Luis Carmona Bernacet, Serrano Canales y Álex Burgos Amaro, quien será enjuiciado por separado debido a que su abogada no estaba disponible para la fecha de este juicio.

Para el asesinato de Spagnoletti, la fiscalía ha presentado a los jurados evidencia de que los acusados estaban molestos porque el ejecutivo había cambiado las condiciones del contrato que tenía la empresa de Rivera Solís para dar servicios de mantenimiento a la sede y sucursales de la institución bancaria. También, que Serrano Canales seguía a la viuda días antes del asesinato, pero no han colocado a ninguno de los acusados tomando acción en el ataque preciso a tiros que sufrió el ejecutivo, que ocurrió con dos vehículos en movimiento (el de los asesinos y el del banquero) y que resultó en cuatro impactos de bala certeros, tres en la cabeza y uno en el cuello.

“Motombo, un tirador (de drogas), a quien nadie vio con drogas y que nunca fue arrestado con drogas en 14 años. Un sicario a quien nadie vip matando a nadie y que no había sido arrestado por matar a alguien antes en su vida. Un supuesto dueño de punto de droga que trabajaba a salario mínimo en condiciones difíciles haciendo mantenimiento y jardinería. ¡Qué caso más extraño!”, resumió el abogado de Serrano Canales, Peter Díaz Santiago, en su moción.

“El gobierno, en la presentación de su caso, usaron a cinco testigos cooperadores que eran parte de la alegada conspiración. Ninguno mencionó a Rivera Solís como parte de la conspiración”, resaltó Aldridge Kontos en su moción.

“La única evidencia en este caso que ata a (Fabiany) Alméstica Monge con los demás coacusados es su religión. Nada más. Que visitaban el mismo ‘babalawo’ y participaban en ceremonias juntos. Participar en una religión está protegido constitucionalmente”, dijo otro de los abogados, Jason González Delgado, en referencia a que los acusados son practicantes de la religión Yoruba. El ‘babalawo’, o sacerdote, era Rivera Solís.

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Viuda de Spagnoletti ofrece testimonio dramático, pero estrecho