El primero tuvo un rol protagónico en el caso de Andrea Ruiz Costas, mientras que la segunda reflejó el papel cumplido por Justicia en el caso de Bahía de Jobos.

Dos de los 15 jueces que juraron hoy en el Tribunal Supremo de Puerto Rico tienen historial: Ricardo Marrero Guerrero y Mibari Laura Rivera Sanfiorenzo, quienes ahora impartirán justicia desde sus estrados en los tribunales de Apelaciones y Superior.

Marrero Guerrero, de 45 años se había desempeñado desde septiembre de 2016 como administrador de la Región Judicial de Caguas.

Precisamente en ese cargo, el también miembro del consejo asesor de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, protagonizó uno de los casos más comentados del último tiempo: el de la muerte de Andrea Ruiz Costas.

Durante el proceso, Marrero Guerrero emitió una orden protectora -mordaza-, que establecía, en relación a la difusión de grabaciones en las que se daba cuenta del mal desempeño de dos juezas en torno al caso (Ingrid Alvarado Rodríguez, la cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y Sonya Nieves Cordero), que sería castigada con desacato “cualquier persona que no sea representante oficial del Departamento de Justicia en la (sic) descargue de sus responsabilidades oficiales, el escuchar o divulgar el contenido de las mismas, para cualquier propósito ajeno al sumario fiscal”.

Según el juez, la medida se había tomado por “la naturaleza de las alegaciones vertidas para el récord por la perjudicada-peticionaria (Ruiz Costas), y afín con la política pública que procura evitar la revictimización y la divulgación de información íntima, personal o familiar”, aunque era evidente que también se afectaba la imagen de las jueces involucradas a raíz de las expresiones de la propia afectada.

Posteriormente, el Supremo de Puerto Rico dio secretividad a las grabaciones, ante lo cual, la Alianza Pro Transparencia acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Mientras, Mibari Laura Rivera Sanfiorenzo, de 58 años, tuvo participación en el caso de Bahía de Jobos, donde presuntamente se han cometido crímenes ambientales por la construcción de estructuras en una reserva natural.

La situación salió a la luz este año por la denuncia de la representante Mariana Nogales Molinelli, pero desde mucho antes (1994) habían antecedentes de que agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) o Justicia no abordaron con diligencia la situación, hasta la denuncia.

La ahora jueza, quien en ese entonces era directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, estuvo presente en una reunión en 2019 con Milton Muñoz, biólogo y coordinador del programa ambiental del DRNA; Aitza Pabón, directora de la reserva; y Aníbal Hernández, director de la Oficina de Asuntos Legales de la agencia ambiental, para discutir estrategias sobre los casos de Camino del Indio, ubicado en terrenos de la reserva.

Pero también, en ese encuentro, Rivera Sanfiorenzo recibió antecedentes de las irregularidades que se estaban cometiendo, incluidas las denuncias por construcciones ilegales, movimiento de tierras, levantamiento de muelles, entre otras.

Durante tres años, pese a esa reunión y a los antecedentes recabados, la funcionaria no impulsó acciones y Justicia mantuvo pasividad ante el caso y no hizo nada en ese momento.

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