En una moción radicada ante el tribunal, quedó retratado el estado de precariedad económica del exboxeador.

La defensa del exboxeador Juan Manuel López Rivera radicó una moción de rebaja de fianza ante el tribunal argumentado que el encarcelamiento no es proporcional al objetivo de la imposición de fianza, que el expúgil no tiene los medios para costear la fianza impuesta de $175,000 y que sus amigos y familiares pueden recolectar $1,000 por cada uno de los delitos imputados.

"Solicitamos se rebaje la fianza establecida en el presente caso por delito a $1,500 para un total de $10,500 en fianza global", lee la solicitud firmada por el licenciado Jaime Barceló Sosa, quien además argumentó que el encarcelamiento de López Rivera, tras las alegaciones de su víctima Andrea Ojeda Cruz, le ha impedido preparar la defensa.

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De esos $1,500 que solicita la defensa por delito, alegó Barceló Sosa "que los familiares, amistades y personas con intereses a favor de nuestro cliente se encuentran en la posición de poder recolectar la cuantía de $1,000".

El abogado de defensa aseguró además en su escrito que López Rivera se compromete a comparecer a los procesos en su contra y a cumplir con las condiciones impuestas por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio. Sin embargo, es precisamente por violar una de esas condiciones -dirigirse a la víctima en la entrevista televisiva- que está preso.

La moción retrata un precario estado económico del excampeón de boxeo.

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"Los recursos del imputado son muy escasos, no cuenta con certificados de ahorros, inversiones en bolsa de valores, cooperativas o asociaciones de ahorro y crédito, ni titularidad sobre bienes inmuebles", lee la solicitud.

Además, la solicitud expresa que el expúgil tiene una hija menor de edad que cuenta con él para su manutención y crianza.

Ayer no fue posible que se diera la vista preliminar contra López Rivera ni que se atendiera la vista de orden de protección, dado que la defensa no estaba preparada y solicitó aplazar los procesos.

Fuentes de NotiCel apuntan a una fuerte inclinación de negociar un acuerdo de culpabilidad a cambio de un programa de desvío, entre otras condiciones.