La Oficina de Administración de Tribunales argumentó que esta acción legislativa interfiere con su autonomía.

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) no favorece el Proyecto del Senado 342, que propone extender el derecho al descuento de cuotas a los empleados de la Rama Judicial, ya que, a su juicio, interfiere con la autonomía del Poder Judicial, y es, en esencia, garantizar el derecho a la asociación a esos empleados impedidos por el momento de hacerlo.

"El proyecto no parece considerar adecuadamente el impacto de proveer para que el Poder Judicial realice funciones de recolección de dinero y pagos a organismos de naturaleza privada. Estimamos que ello debería ser objeto de ponderación ulterior, a la luz de consideraciones fiscales, operacionales y de orden público", sostuvo en su ponencia escrita el director de la OAT, Sigfriedo Steidel Figueroa.

Es decir, la OAT aseguró que la Ley 134 del 1960, que pretende enmendar a estos fines, se limita a los empleados de la Rama Ejecutiva y no es extensiva a las otras ramas de gobierno, en particular a la judicial.

Ante este argumento, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, la senadora Ana Irma Rivera Lassén puntualizó que "las leyes cambian".

Además, la portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tildó como contradictorio que la OAT esté a favor de beneficios como el retiro, pero no el descuento a cuotas.

“Simplemente queremos reiterar la deferencia y el respeto a la independencia judicial en términos de administración de recursos humanos y recursos económicos”, sostuvo la portavoz de OAT, la licenciada Griselle Rosa González a comentarios de Rivera Lassén.

Sin embargo, la propia exposición de motivos de la medida reitera que la separación de poderes no es un conflicto para que se extienda el derecho a descuento de cuotas de los empleados de la Rama Judicial.

"Reconocerles este derecho a los empleados de la Rama Judicial es un acto de justicia que de ninguna manera afecta la independencia judicial que merece dicha rama al adjudicar controversias y dirimir cuestiones ante su consideración. Al mismo tiempo, esta medida está cobijada por el derecho constitucional de las personas a asociarse libremente para cualquier fin lícito", dice la exposición de motivos de la pieza.

Según la portavoz de OAT, la plantilla del Poder Judicial cuenta con alrededor de 4,500 empleados, incluyendo los jueces y juezas. Uno de ellos - el alguacil Amílcar Gerena - esbozó lo importante que es para los empleados que se apruebe esta medida.

"La ponencia de la OAT dejó mucho que desear, ya que prácticamente los planteamientos que esbozaron en nada perjudican lo que el proyecto plantea, porque no toca nada de lo administrativo", sostuvo el portavoz del Comité Timón de los Empleados y Empleadas del Poder Judicial a este diario digital.

El alguacil defendió el que se le garantice el derecho a descuento a los empleados de la Rama Judicial.

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"Los empleados y empleadas del Poder Judicial, como parte del sistema republicano de gobierno, entendemos que el derecho estatutario al descuento de cuotas se encuentra altamente ligado al principio de la Libertad de Organización o Asociación, garantizado por las Enmiendas Primera y Catorceava de la Constitución de los Estados Unidos de América y por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", fundamentó Gerena en su ponencia ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales.

De igual manera, en apoyo a la pieza legislativa se expresó José Castro, alguacil auxiliar del Centro Judicial de San Juan, quien añadió que “los empleados de nuestra rama se han sentido invisibles durante años”.

Por su parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) coincidió con la OAT en la apreciación de que esta decisión le compete exclusivamente a la Rama Judicial.

"En virtud del impacto que pudiera tener la presente medida sobre la administración y asuntos de personal de la Rama Judicial, el DTRH considera que dicha rama debe ser la llamada a presentar su posición oficial acerca esta medida", dijo la portavoz del DTRH, Naomi Álamo.

Sin embargo, adelantaron que de aprobarse la medida, la Legislatura puede contar con la agencia para ofrecer orientación en cumplimiento de sus facultades.