Más de 20 testigos serán llamados al estrado por el Fiscal Especial Independiente (FEI) en el juicio contra Soniel Torres Suárez, quien fuera directora de la oficina del exlegislador Ramón Rodríguez Ruiz, y sobre quien pesan cargos relacionados a malversación de fondos públicos, fraude y perjurio en relación a la contratación de empleados fantasma y la creación de organizaciones sin fines de lucro falsas.

Torres Suárez, quien renunció a vista preliminar, enfrentará violaciones al Código Penal en: tres cargos referentes al artículo 264 de malversación de fondos, tres cargos por el artículo 212 de falsedad ideológica, uno por el artículo 282 de engaño a testigos y uno por el artículo 202 de fraude, para un total de 10.

En lo que suponía ser el primer día de juicio, el FEI verbalizó la petición de consolidar los cargos de fraude con el caso de Rodríguez Ruiz, quien encara juicio por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales e irregularidades en la creación y la designación de fondos a las organizaciones Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas. De acuerdo a los fiscales, parte de las denuncias consisten en que ambos actuaron en concierto y común acuerdo para el fraude.

Para esos cargos de Torres Suárez, hay más de 20 testigos entre personal y prueba documental, mientras que en su caso de perjurio hay sobre 10 testigos.

'Contra Soniel hay diez cargos, uno de ellos son los casos de perjurio que ella declaró bajo juramento que el exlegislador no la agredió, entonces por eso es que están todos los policías, los agentes y toda esa cuestión. Hay empleados de la Cámara en los casos de malversación de fondos públicos, en la contratación de un empleado que no realizó las funciones, falsedad ideológica. Entonces, el caso de fraude, son los testigos que nosotros alegamos que actuaron en concierto y común acuerdo para crear esas organizaciones sin fines de lucro para obtener unos donativos. Esa es la solicitud que yo hago, que se vea ese caso en conjunto', explicó el fiscal Guillermo Garau Díaz.

Entre los testigos figura el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Peña Ramírez, quien preside la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, así como empleados del Capitolio, peritos de la Oficina de la Contralora y agentes del Negociado de la Policía.

La Comisión de Ética recomendó expulsar a Rodríguez Ruiz de su escaño tras un incidente de violencia de genero que involucraba a Torres Suárez. A principios de noviembre del 2017, la mujer apuntó al exlegislador como quien la agredió en el rostro, por lo que recibió atención medica. Días despues, Torres Suárez retiró su versión original mediante una declaración jurada en la que eximió a Rodríguez Ruiz, pero no identificó quien fue el verdadero autor de la agresión. A preguntas de un oficial investigador contratado por la Cámara, atribuyó su cambio de parecer a que fue sometida a 'coacción e intimidación'.

Como parte de las imputaciones, Torres Suárez fue quien firmó los cheques, falsificó facturas y firmas de un 'empleado fantasma' de la oficina y del exrepresentante en su rol como administradora de la oficina legislativa. Este empleado, identificado como Gabriel Rivera González, facturaba 40 horas semanales a la oficina del Capitolio, pero laboraba a tiempo completo en un colegio en Guayama. Los fiscales anunciaron que Rivera González es el testigo esencial en el caso, por lo que tiene inmunidad.

De concretarse la solicitud, el Ministerio vería entonces solo dos casos: el de fraude en conjunto y el de Torres Suárez por los demás cargos. A esos fines, el próximo señalamiento de ambos casos está pautado para el 14 de junio para definir los próximos pasos.

Por el momento, según el fiscal Garau Díaz, no se han dado acercamientos de la defensa para concretar un acuerdo. No obstante, la defensa de Torres Suárez, compuesta por los abogados Mario Moczó González y Lester Arroyo Resto, solicitaron que fuera un juicio por jurado.

'Hay mucho testigo que quizás se puede estipular, porque hay mucho testigo que es para autenticar documentos y toda esa cuestión. Tengo bastante, en este caso, como dicen en el campo, la tengo bien cuadrá. Estoy seguro que vamos a prevalecer', aseguró Garau Díaz, a quien le acompaña en el caso la fiscal Cándida Selles Ríos.

Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara de Representantes en febrero de 2018. Durante la vista preliminar en su contra, una exempleada detalló cómo, por órdenes del exlegislador, se 'montó el muñeco' de las entidades sin la presencia de las personas que suponían administrarlas o cumplir con sus misiones caritativas.

El FEI tiene bajo su poder un informe de auditores de la División de Asuntos de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico de la Oficina de la Contralora, que confirma el uso de computadoras del Capitolio para crear las organizaciones Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas, y así obtener fondos de la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos.