El segundo implicado en el robo a la vivienda de un empleado del Departamento de Justicia, quien tambien es yerno de la titular de la agencia, Wanda Vázquez Garced, logró un acuerdo con el ministerio público para cumplir 18 meses en un programa de desvío.

Se trata del joven Francisco Soto Velilla, quien junto a Tyrone Torres Betancourt escaló y robó en la vivienda en que se encontraban la hija y el yerno de la Secretaria en la madrugada del pasado 7 de diciembre, en Gurabo.

A casi dos meses de que NotiCel revelara los pormenores de este caso, Vázquez Garced todavía no ha contestado preguntas sobre este caso ni sobre cómo su yerno llegó a tener un empleo con fondos públicos en una oficina del Departamento que trabaja directamente con ella como jefa de la agencia.

Entre los delitos se registró una instancia de escalamiento agravado, una violación a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, tras robar un automóvil, y tres casos de apropiación ilegal agravada que incluyen robo de propiedad pública en forma de una computadora de Justicia y un celular del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La computadora portátil le pertenecía a Kelvin Carrasco Ramos, quien labora en el Departamento de Justicia en la Oficina de Prensa y Comunicaciones y es el esposo de la hija de la Secretaria. El celular, en cambio, estaba a nombre de la hija de Vázquez Garced y catalogado como propiedad del DSP. Sumado a eso, un televisor, un abanico, galones de gasolina, prendas y una consola de videojuegos marca PlayStation tambien fueron robados.

Mientras que a su compañero la fiscalía le fijó una sentencia de 15 años de cárcel desde un principio sin otra negociación, el trato a Soto Velilla fue distinto.

De acuerdo al expediente, Soto Velilla recibió acercamientos del Programa de Salas Especializadas de Drogas, o 'Drug Court', además de un preacuerdo en el que canjeaba su derecho a vista preliminar con tal de cumplir tres años de cárcel junto al programa de desvío. 'Drug Court' busca la rehabilitación de personas con problemas de adicción a drogas mediante un seguimiento judicial continuo e intensivo.

Más adelante, recibió un permiso de estudio universitario y un permiso de trabajo, beneficios que, según los documentos, no fueron ofrecidas a Torres Betancourt, razón por la cual la madre del joven levantó cuestionamientos relacionados al nivel de intervención de la Secretaria de Justicia.

Ambos acusados enfrentaron la justicia con abogados de oficio, sin embargo, el primer abogado de Soto Velilla se retiró del caso y desde el 11 de enero es representado por la reconocida licenciada Sharon González Maldonado.

El reporte policiaco de diciembre demuestra que, tras ser capturados, el juez Rafael Pares fijó una fianza de $60,000 contra Torres Betancourt y una de $25,000 contra Soto Velilla. El monto de este último fue diferido por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) y quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

Por otra parte, Torres Betancourt ingresó a la cárcel.

De acuerdo al Artículo 18 de la Ley 8, la apropiación ilegal de un vehículo de motor tiene una pena mínima de seis años y una máxima de 12 años, pues depende de las circunstancias y agravantes, si alguno.

Mientras, según el Código Penal de Puerto Rico, la condena por escalamiento no debe exceder los seis meses.

En cuanto al cargo de apropiación ilegal, el Código Penal establece que la sanción no debe ser mayor a seis meses, una multa de $500, o ambas, a discreción del tribunal.

No obstante, los casos que conlleven el hurto de propiedad pública o de bienes con un valor mayor a $200 son catalogados como apropiación ilegal agravada y tienen una pena mínima de seis años y una máxima de 12 años.

El manejo de este caso se ha caracterizado por su secretividad, ya que Justicia se esmeraba por mantener el asunto privado, pese a que se trataba de un proceso público.

Ejemplo de ello surgió durante la vista preliminar de Torres Betancourt, en la cual se nos confirmó que la meta era la confidencialidad, luego de cursar preguntas relacionadas a cómo este medio se enteró de la situación.

En sala, los procesos fueron liderados por el juez Rafael E. Taboas Dávila en el Tribunal de San Juan y el ministerio público estuvo representado por el fiscal Francisco González Muñiz.

Pese a que el Tribunal de Caguas tiene jurisdicción en el caso porque los hechos se dieron en Gurabo, fue en el Tribunal de San Juan en donde se decidió el proceso.

El esposo de Vázquez, el juez superior Jorge Díaz Reverón, sirve en la sala de lo criminal de la región judicial de Caguas y allí ha enfrentado sus propios cuestionamientos eticos relacionados a su relación con la Secretaria de Justicia. Para evitar el conflicto de intereses, el caso de Soto Velilla y Torres Betancourt fue trasladado a la capital.