Como ejemplo, se mencionó que los materiales y procesos en JAVAA eran inferiores al volumen de solicitudes para votar por adelantado.

Entre los cinco precintos de San Juan hubo alrededor de 1,547 papeletas más que electores hábiles para votar específicamente por adelantado, número preliminar que pudiera ser mayor, según se estipuló en el cuarto día del juicio sobre la impugnación de la alcaldía de la ciudad capital.

En un extenso testimonio, Udecha Domínguez Vázquez, gerente de la Junta Administrativo de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), explicó que el hallazgo consta en el documento “Acta de incidencia de escrutinio general 2020”, elaborada para conciliar el total de electores y el total de papeletas en los precintos del Municipio de San Juan respecto a la Unidad 77, que consiste del voto adelantado en sus diferentes modalidades.

“El número de papeletas municipales es mayor que el de votantes”, reiteró Domínguez Vázquez.

El documento, que figura como evidencia en la demanda incoada por Manuel Natal Albelo contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, fue entregado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el 29 de diciembre de 2020 y fue firmado por representantes de los partidos políticos que participaron en las elecciones, a excepción del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La tabla demuestra que en el Precinto 1, el exceso fue de 98 papeletas, mientras que en el Precinto 2 fue de 940, en el Precinto 3 fue de 160, en el Precinto 4 fue de 185 y en el Precinto 5 fue de 164.

En su demanda, Natal Albelo aseguró que la cantidad de votos ilegales en la Unidad 77 ascendía a 20,418.

Domínguez Vázquez añadió que, contrario a lo estipulado en una orden de parte de la Secretaría de la CEE, los resultados de la elección se cargaron a la página web antes de completar la conciliación de actas.

Un tercer documento que pretendía explicar la discrepancia en la cantidad de votos se comenzó a discutir en sala, pero luego fue retirado de los “exhibits” a petición de la defensa. De acuerdo a los abogados, tanto de Romero Lugo, como del PNP y la CEE, los anejos resumían otra información que no formaba parte de la prueba del caso. A raíz de eso, su discusión fue detenida.

“En este caso, si bien es cierto que ese documento fue preparado por la testigo y se trata de un documento autenticado por ella, es admisible. Sin embargo, este documento de lo que trata es de un resumen o recogido de actas de información de diferentes lugares que se compilan en ese documento. Por lo tanto, todo lo demás es prueba de referencia”, explicó el juez Anthony Cuevas Ramos a modo de rectificación, ya que en un inicio había permitido la discusión del documento.

La prueba rechazada se une a 17 actas de incidencia que el tribunal no aceptó porque no fueron incluidas en la demanda, pero la representación legal de Natal Albelo ha reiterado que son de conocimiento público por su disponibilidad en el portal de la CEE.

JAVAA no tuvo los mejores controles

El testimonio de Dominguez Vázquez, así como sus respuestas al contra interrogatorio, ocupó todo el día de trabajo en la sala del juez Cuevas Ramos. La testigo declaró que los procesos de JAVAA antes, durante y después del 3 de noviembre —fecha de las elecciones generales— no se rigieron por los mejores controles.

Como ejemplo, mencionó que el volumen de solicitudes para votar por adelantado tramitadas por correo electrónico era demasiado y JAVAA solo contaba con cinco computadoras para tramitarlas. Dos de esas computadoras “estaban malas”, según la testigo.

En otra instancia, como el número de solicitantes era tan grande, las Juntas de Inscripción Permanente (JIPs) comenzaron a recibirlos, pero JAVAA no tenía visibilidad.

“No había manera de nosotros controlar que un elector pudiese solicitar por correo electrónico y nosotros recibirla y ellos luego solicitarla en las JIPs y que entonces hubiese duplicidad de solicitud”, narró Domínguez Vázquez.

De acuerdo a la testigo, existía una “urna ciega” donde las gerentes de JAVAA colocaron las papeletas que no iban a ser adjudicadas, pero alegó desconocer lo que sucedió con esos votos, pese a que solo las gerentes tenían llave.

Por otra parte, la testigo aseguró que cada distrito manejaba los sobres de voto adelantado de manera diferente y no existía uniformidad. Algunos, contó, abrían los sobres con papeletas enviados por los electores para verificar si incluían la identificación, cuando las instrucciones especificaban que solo el sobre exterior —el más grande— era el que debía contener la identificación del elector.

“Si no tenían la identificación, se abría con cuidado el sobre blanco, sin sacar las papeletas, trataban de identificar que tuviese la identificación adentro, se sacaba y se ponía en el otro y lo sellaban con tape. Si no tenían identificación en ninguno de los dos sobres, se ponían en unas neveras y entonces se llevaban a la bóveda de las gerentes”, declaró.

Domínguez Vázquez también subrayó la necesidad de establecer mayores controles en cuanto al acceso a las bóvedas que contienen material electoral, ya que la entrada y salida no era uniforme ni en balance.

“No sabíamos en muchas ocasiones para qué las personas estaban adentro”, aseguró Domínguez Vázquez.

En esa línea, resumió una serie de recomendaciones para mejorar los procesos en JAVAA que se le entregaron por escrito a la presidenta de JAVAA, Lorna Figueroa. Entre ellas se encontraba reestructurar el manejo de inventario de maletines y su identificación, adiestrar al personal y ampliar la participación en el proceso de compras para que el personal de JAVAA para que sus funcionarios sepan la cantidad de papeletas que podrían llegar.

El tribunal recesó hasta hoy, viernes, a las 9 a.m., cuando testificará el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín Rivera, en horas de la mañana y, a partir de la 1:30 p.m., el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.