Interdicto federal sobre cierre prematuro del registro electoral queda sometido con el testimonio de un elector.

El secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rolando Cuevas Colón, admitió bajo juramento que los electores tuvieron menos oportunidades para inscribirse durante este cuatrienio ante la reducción de juntas de inscripción permanente (JIP) y la demora en la activación del Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE).

Las JIP se redujeron de 84 por toda la isla en 2021 a 10 en 2022 y luego a 13 en 2023. En ese periodo, hubo menos lugares para inscribirse y tampoco estaba en función eRE. A preguntas de la jueza, el funcionario indicó que, hasta septiembre, la única alternativa de los votantes que tenían problemas con eRE era visitar una JIP y que no sabía cuántas solicitadas de trámites electorales la CEE había recibido para estas elecciones.

La afirmación del secretario contrasta con el argumento que ha hecho la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, y otros miembros de ese partido, de que el registro debe permanecer cerrado porque la población tuvo tres años y medio para realizar sus transacciones.

La afirmación del secretario a las preguntas del abogado de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Lamas Rivera, fueron de las pocas posturas concretas que asumió como testigo en la vista ante la jueza federal María Antongiorgi Jordán sobre el recurso de interdicto que sometió la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para conseguir que el registro electoral sea reabierto hasta el 6 de octubre, como dice el Código Electoral de 2020.

El registró cerró el 21 de septiembre por disposición que tomó el expresidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, el año pasado y que no fue impugnada en el tribunal. La falta de impugnación fue uno de los fundamentos que usó el juez superior Raúl Candelario López para desestimar la demanda que sometió MVC para conseguir lo mismo, una extensión del cierre de registro.

El recurso federal se basa en el derecho constitucional al voto y lo que alega la ACLU es que las decisiones de la CEE, así como sus fallas e incumplimiento de la ley, se tradujeron a una limitación ilegal del derecho al voto de los ciudadanos que no pudieron realizar transacciones electorales antes del cierre. Esto incluye inscribirse, reactivarse, realizar cambios de dirección y otros.

El otro testimonio vertido en sala fue el del joven de 27 años, Víctor Altieri García, quien relató cómo el 9 de septiembre intentó usar eRE para inscribirse y no fue hasta el 20 de septiembre, un día antes del cierre del registro, que recibió una notificación de que su solicitud fue rechazada. Este aviso solo le daba como alternativa que llamara al teléfono xxx-xxx-xxxx (así, con las x en vez de números).

“Me quedé bien confundido porque no sabía a dónde dirigirme”, dijo al confirmar que no acudió a ninguna JIP, no consultó con el equipo de MVC que lo había instado a inscribirse en una actividad que hicieron a esos efectos y que la nota de rechazo a su solicitud tampoco le avisaba que tenía cuatro días para corregir las deficiencias que el sistema le señalaba. Como el cierre del registro era el día siguiente y tenía trabajo, admitió que no hizo más nada después de recibir el aviso.

Tras unas cinco horas de vista, la jueza concedió unos plazos en el fin de semana para que las partes sometan sus últimos argumentos y, aunque no adelantó una fecha para su determinación, consignó que “el 6 de octubre se acerca (y) los votantes tienen derecho a saber cualquier determinación que yo tome”.

Esa determinación podría ser que no tiene jurisdicción sobre la controversia o que no se cumplieron con los requisitos para emitir una orden interdictal contra la CEE, como argumentó el ente electoral a través del Departamento de Justicia. Si accede al pedido de ACLU, podría ordenar que se reabra el registro y que se le dé publicidad a ese hecho.

En su intervención, Cuevas Colón no fue preciso sobre cuándo se supone que, por ley, comenzara a funcionar eRE (1 de julio de 2022), cuándo realmente estuvo disponible (fines de octubre de 2023), sobre el voto ausente ni tampoco pudo explicar cómo operaba un periodo de gracia de cuatro días que la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, concedió el 18 de septiembre para los electores a quienes eRE les hubiera notificado alguna deficiencia en su trámite electoral.

La vista comenzó en la mañana, pero la jueza decretó un receso temprano porque la CEE pidió tiempo para revisar la demanda enmendada que la ACLU sometió el jueves en la noche. Al reanudar en la tarde, dos de los testigos demandantes no habían podido regresar porque tenían citas médicas o estaban indispuestos. La jueza accedió a una petición del gobierno para desestimar las reclamaciones relacionadas con ellos porque no estaban presentes. También acogió una solicitud para que no se permitiera el testimonio pericial del exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, como experto electoral y una solicitud para que la vista solo fuera del interdicto y no se combinara con la demanda regular.

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