Una de las partes que mantiene detenida la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda, porque impugnó la constitucionalidad del proceso, es la empresa al centro del escándalo de Costa Serena.

La intervención del Departamento de Justicia federal, que ha provocado dilación en la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), está motivada por la impugnación que hicieron siete acreedores que plantean que la Ley PROMESA es inconstitucional por la forma en que trata sus reclamaciones de pagos por expropiaciones que les hizo el Gobierno de Puerto Rico.

En el caso de uno de ellos, lo que está al fondo de la reclamación es una quimera que ya cumple 61 años y que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá convirtió en compromiso del gobierno en común acuerdo con un donante político, el desarrollador Joel Katz.

Con esa decisión, anunciada en su Mensaje de Situación del Estado en 2007, el exgobernador le puso en la mano a Katz los medios para que hoy, el gobierno esté a punto de pagar $75.550 millones por algo que hace 14 años tasó unos $5 millones y que todavía no tiene una sola estructura construida.

PFZ Properties, Inc. es una empresa creada en 1960 que, desde el inicio, tenía como propósito desarrollar un terreno de 1,354.7 cuerdas en Piñones, en el área de Vacía Talega. Se trata de la propiedad privada costera más grande del Área Metropolitana zonificada para desarrollo turístico.

Pero esa zonificación es solo en una parte, específicamente 62 de las cuerdas, porque el resto es terreno de valor ecológico, como mangle, que no estaba sujeto a zonificación de desarrollo. Después de 28 años intentando obtener permisos de desarrollo sin éxito, PFZ consiguió la zonificación de las 62 cuerdas en 1995, bajo la Administración Rosselló.

De 1995 la historia pasa a 2003, cuando PFZ intenta obtener permisos para su nueva versión de un desarrollo que llamaron Costa Serena y que disponía para un hotel de 880 habitaciones, 42 villas residenciales, 4,907 metros cuadrados de espacio comercial y 1,394 estacionamientos en esas 62 cuerdas.

Como ha ocurrido desde el principio, ese empuje de PFZ al inicio del milenio para desarrollar Costa Serena chocó con la resistencia de la comunidad de Piñones, quienes lograron victorias judiciales para detener el proyecto porque no cumplía con los requisitos de impacto ambiental del proceso de permisos. La pugna creció y ardió durante la Administración Acevedo Vilá, cuando se denunciaron los accesos de Katz a La Fortaleza.

En el momento álgido de la pugna entre la comunidad de Piñones y Katz, el exmandatario dijo en su mensaje de 2007 que:

"Hace unas semanas me encontré con el dueño y desarrollador del proyecto Costa Serena en Piñones. Me dijo: 'Gobernador, aunque mi proyecto cumple con todas las leyes y reglamentos ambientales, si usted cree que lo mejor para las futuras generaciones es preservar esos terrenos, yo hago lo que usted diga'. Le contesté que yo respaldo su derecho a desarrollar los terrenos, 'pero si me pides un consejo te digo que lo mejor para nuestro país es que esos terrenos se conserven'".

Con eso, Acevedo Vilá anunció que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y PFZ habían firmado un acuerdo preliminar para que el gobierno comprara los terrenos donde se iba a construir Costa Serena, supuestamente para establecer un área de protección ecológica llamada la "Gran Reserva Herencia Cien Mil".

La propuesta profundizó en las dudas que había alrededor del proyecto y de la relación de Katz con el gobierno cuando, de inmediato, se reveló que la tasación que se le ordenó a la firma McCloskey, Mullet & Bonnin Appraisers PSC dictaba valorizar los terrenos tomando en cuenta el desarrollo potencial del condo-hotel, a pesar de que todavía no tenía permisos otorgados. Lo mismo que valorizar un terreno baldío como si tuviera algo construido.

El gobierno no tenía ninguna obligación con el desarrollador. Si PFZ no conseguía sus permisos, no podía construir y se quedaba con el terreno vacío sin que el gobierno le debiera nada.

Pero el acuerdo al que llegó el DRNA con PFZ para expropiarle los terrenos con el fin de convertirlos en una reserva ecológica creó el fundamento legal con el que, 14 años después, PFZ se presenta frente a la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, para insistir en una reclamación formal contra el gobierno para que, como parte del ajuste de la deuda, se le concedan $75.5 millones, a manera de "justa compensación" por la supuesta expropiación de un terreno que hoy todavía está virgen y que no se puede desarrollar.

La reclamación que hizo PFZ ante la jueza Swain admite que todavía no hay un solo tribunal, estatal o federal, que haya adjudicado la controversia sobre si la tasación del terreno fue correcta o no. De hecho, lo próximo en el caso activo en el tribunal superior desde el 2008 es una conferencia con antelación a juicio el 1 de febrero de 2022 ante la jueza María Díaz Pagán, según el expediente.

Incluso, la reclamación ocurre a pesar de que PFZ ya cobró casi $5 millones que el gobierno había consignado en el tribunal como compensación y de que, en 2012, el gobierno sencillamente desistió de la expropiación por falta de fondos, una retirada que el Tribunal Supremo avaló. En 2015, el gobierno aprobó un nuevo Plan de Uso de Terrenos que clasificó toda la propiedad como reserva natural protegida, imposibilitando su desarrollo.

Pero, cuando el gobierno consignó el dinero en el último año de la Administración Acevedo Vilá, lo hizo estableciendo que una parte era por los terrenos y otra por los derechos de desarrollo del terreno, lo que mantiene el argumento de que la "justa compensación" de alguna forma incluye lo que pudo haber sido, pero no fue, a pesar de que el terreno sigue teniendo restricciones que limitan su desarrollo.

NotiCel intentó comunicarse con la representación legal de PFZ en el Tribunal de Quiebras, pero no hubo contestación. Sin embargo, los datos están contenidos en documentos radicados tanto en el Tribunal de Quiebras, como en el federal y el superior.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) colocó la reclamación de PFZ, y otras de expropiación, bajo la categoría de "no asegurada", lo cual implica que, a lo sumo, solo obtendrían el 20% del total reclamado. En el caso de PFZ, 20% de los $75.5 millones serían $15,110,000. En su momento, el propio tasador de PFZ valoró la propiedad en $5.4 millones, por lo que, de recibir los $15 millones estarían obteniendo casi tres veces el valor tasado y de recibir los $75.5 millones la ganancia sobre la tasación sería 1,410%.