Los fiscales especiales independientes aseguraron al tribunal que ya el pastor es objeto de una pesquisa criminal y pidieron que ese foro se abstenga de realizar un referido.

Después de una comparecencia poco usual de los fiscales que representan a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la jueza Wanda Cintrón Valentín rechazó referir por perjurio al pastor Heriberto Andújar Otero, implicado en el donativo legislativo de $1.5 millones a través de la Autoridad de Tierras (AT) para los trabajos de canalización de la quebrada Margarita que nunca se llevaron a cabo.

En el marco del pleito civil que mantiene la AT para recuperar el dinero del donativo, la abogada de la dependencia, Bárbara Cruz Muñiz, había pedido el 24 de febrero que el tribunal refiriera a Andújar Otero al Departamento de Justicia por perjurio. Esto después de que recibieran estados de cuenta bancarios que mostraban que el dinero del donativo no estaba depositado, a la fecha a la que el pastor dijo bajo juramento en una deposición que sí estaba depositado. Al día de hoy, no se ha realizado la obra y no se sabe dónde está el dinero del donativo tramitado mediante el controvertible Fondo de Mejoras Municipales (FMM).

La abogada hizo la solicitud al tribunal el mismo día en que se conoció que la OPFEI había ampliado la investigación sobre quebrada Margarita para incluir al exrepresentante novoprogresista por Guaynabo, Antonio Luis “Tony” Soto Torres y a su exayudante, José Miguel Huertas Torres. En esa ampliación de la investigación no se menciona a Andújar Otero.

El pastor es presidente del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. (CCSF) y en su deposición reveló un proceso desordenado de recibo y trámite de donativos legislativos que sobrepasan el de la canalización de la quebrada ya que la entidad recibió $6.6 millones en ese tipo de donativo para obras relacionadas con los legisladores Soto Torres, Luis “Junior” Pérez Ortiz, Yashira Marie Lebrón Rodríguez, Carmelo Ríos Santiago, Migdalia Padilla Alvelo y Wanda Soto Tolentino.

Según escritos sometidos tanto por Cruz Muñiz como por los fiscales Zulma Fúster Troche, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Ramón Mendoza Rosario, esa solicitud de la abogada provocó que los fiscales la citaran a una reunión el día siguiente. Las partes difieren sobre si en esa reunión se le dijo o no se le dijo a Cruz Muñiz que el pastor era objeto de la pesquisa también. Cruz Muñiz dice que desconoce quiénes son “tarjeta” de la OPFEI, y los fiscales le dicen que le informaron. Pero los fiscales le reclamaron que después de su petición de referido se ha “desatado una amplia discusión pública de estos asuntos”. Cuestionaron también que el referido se hiciera ahora, a pesar de que la declaración de Andújar Otero bajo juramento de que el dinero estaba en la cuenta ocurrió a principios de 2024.

La abogada ripostó que tenía obligación ética de llevar a la atención del tribunal la posibilidad de que el pastor haya cometido perjurio y que eso no se concretó cuando hizo la declaración bajo juramento sino más reciente, cuando recibieron los estados de cuenta y se percataron de que el dinero no estaba donde había afirmado que estaba. “No solamente el codemandado ha cometido perjurio sino que ha desaparecido más de un millón y medio de dólares de fondos públicos… No podemos permitir que quien perjuró y fue mendaz quede sin ser investigado por el engaño al que mantuvo a la Autoridad de Tierras y a este Tribunal durante el curso de este litigio”, dijo al argumentar que la OPFEI no podía intervenir en un caso civil y que ambos procesos, el civil y el criminal, podían proceder paralelamente.

En una segunda comparecencia de la OPFEI, ayer mismo, los fiscales fueron más puntiagudos en sus señalamientos y, aunque reconocieron las obligaciones de la abogada con el caso civil, adelantaron que podría ser una testigo en el caso criminal “debido a la relación de esta con la controversia y los hechos bajo investigación”. Ante los reclamos de Cruz Muñiz de que estaba cumpliendo con parámetros éticos al pedir al tribunal el referido, los fiscales comentaron que estas consideraciones éticas “son parte de nuestros análisis de muchos asuntos referidos”.

“La licenciada Cruz Muñiz tampoco ha respondido a nuestras peticiones solicitando su cooperación en otros asuntos relacionados a la investigación. Dicha situación será resuelta oportunamente por los fiscales a cargo de la investigación”, recalcaron sin abundar.

“Nuestra petición a este Tribunal está cimentada en la protección de una investigación en curso, que envuelve un sinnúmero de funcionarios y entidades y que se encuentra en este momento en una etapa crucial”, expusieron al tribunal sobre la pesquisa que debe terminar para el 22 de mayo.

Al rechazar hacer el referido, la jueza Cintrón Valentón concluyó que la AT “dispone de remedio para acudir al Departamento de Justicia sin la intervención del Tribunal”, dejando así en manos de la agencia el hacer directamente el referido que entiendan necesario.

Para el profesor de Derecho, y exsecretario de Justicia, William Vázquez Irizarry, la controversia que levanta la OPFEI es innecesaria. “Después de todo, Justicia meramente recibiría el referido y entonces haría su propia evaluación de los méritos, incluyendo si tiene o no jurisdicción. Si esto afecta la investigación de OPFEI, pues nada quita que este organismo le haga ese mismo planteamiento de forma directa a Justicia", explicó.

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