Juez intenta ponerle fin, real, a pelea corporativa entre Daddy Yankee y esposa
Juez superior dejó sin efecto deposición confidencial que enfrentaba Mireddys Rodríguez sobre el manejo de las corporaciones del cantante, cuando las tuvo a su cargo.
El juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenó el lunes dejar sin efecto la deposición confidencial que enfrentaba Mireddys Rodríguez Castellanos como una de las secuelas del pleito en el que su esposo, Ramón Luis “Daddy Yankee” Ayala Rodríguez, consiguió tomar control de dos de las corporaciones con las que maneja su carrera como cantante.
La orden de hoy aparenta ser un intento del juez por poner fin a un pleito que se supone se hubiera ido con el Año Viejo después de que las partes llegaran a un acuerdo recogido en sentencia el 26 de diciembre pasado.
De entrada, el rol de Ayala Rodríguez como demandante era el de un accionista tratando de conseguir acceso a documentos de una corporación de la que es parte y que Rodríguez Castellanos atendió como presidenta, junto a su hermana en otros roles corporativos, por casi 30 años.
El acuerdo entre las partes incluyó que Rodríguez Castellanos renunció a sus posiciones corporativas para que las asumiera su esposo, aunque la mujer se mantiene como accionista, codueña en parte igual con su esposo. Pero, una vez Ayala Rodríguez asumió el control corporativo, se suscitaron varias controversias sobre si la información que la mujer entregó estaba completa o correcta. Incluso, el juez tuvo que celebrar otra vista, que terminó con que Ayala Rodríguez le realizaría una deposición bajo juramento a su esposa si no se entregaba toda la información de El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.
En el fin de semana, Rodríguez Castellanos acudió al tribunal para presentar copia de la Carta Gerencial que su esposo le había exigido que firmara bajo juramento y para pedirle al juez que deje sin efecto la deposición, a lo cual la representación legal de este se opuso.
Con su orden del lunes, el juez favoreció la solicitud de Rodríguez Castellanos.
“La Carta gerencial, suscrita bajo juramento por las demandadas, incluye toda la información conocida sobre los asuntos pendientes y otras instancias adicionales sobre el manejo de las corporaciones bajo su presidencia... No nos parece correcto pensar que la demandada, quien es accionista, no cumpla con su palabra de aclarar o contestar cualquier duda que surja durante la operación de estas entidades. No hacerlo pudiera afectar su propio patrimonio”, dijo el juez.
“Concluimos que lo relacionado a la causa de acción presentada en esta sala se tornó académico tan pronto el demandante advino a ser el Presidente de las corporaciones. No nos parece lógico que un presidente corporativo, quien tiene el control absoluto de sus libros, finanzas, etc., presente un recurso al amparo del Art. 7.10 para que se le obligue a sí mismo a divulgarse o inspeccionar los libros que tiene a su cargo”, añadió al reiterar que la Carta Gerencial entregada era suficiente y que quedaba sin efecto la deposición bajo juramento de Rodríguez Castellanos.
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